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La Generalitat de Cataluña continúa en la inestabilidad diez años después de que el nacionalismo convergente, que Artur Mas heredara de Jordi Pujol, se inclinase hacia el independentismo. Transcurridas seis semanas desde las autonómicas del 14 de febrero, convocadas precisamente porque el Parlamento anterior no ... fue capaz de ponerse de acuerdo para investir a un presidente que sustituyera al inhabilitado Quim Torra, ayer la Cámara catalana rechazó en primera votación la candidatura de Pere Aragonès. Un independentismo dividido en tres grupos con representación parlamentaria –ERC, Junts y CUP–, que se jacta de ostentar una mayoría favorable a la secesión, sigue siendo incapaz de conciliar sus diferencias partidarias y continúa sometiendo el interés común de los catalanes al marcaje mutuo que ejercen Borràs, Aragonès y las asambleas anticapitalistas. La disputa interna en el independentismo lo inhabilita para hacerse cargo del gobierno de Cataluña, porque impide que cuando menos una parte de él se libere de la comunión secesionista para establecer un espacio de diálogo franco entre distintas formaciones parlamentarias, y de la Generalitat con las instituciones centrales del Estado constitucional. Su obcecación independentista genera tales recelos e inquina entre los tres grupos que tratan de reducir el sentir diverso de la Cataluña plural que les impide siquiera una administración mínimamente responsable de los intereses públicos. Porque ello requiere dosis de concordia, pragmatismo y respeto a la legalidad que no están al alcance de quienes se disputan minuto a minuto la autenticidad independentista. Ayer resultaba hasta patético que Pere Aragonès anunciase el advenimiento de «la nueva Generalitat republicana» cuando sabía perfectamente que Junts no secundaría su preacuerdo con la CUP, y como si el resto del arco parlamentario, el Estatuto y la Constitución no existieran. Aunque el próximo martes salga investido en segunda votación –supuesto que está por ver y en qué condiciones– la continuidad del independentismo acaparando los poderes de la Generalitat supondrá una nueva legislatura de desgobierno en Cataluña y una fuente de inestabilidad constante para la mayoría que a cada sobresalto se desteje en el gobierno de España. Sobre todo con la amnistía y la autodeterminación como exigencias. La cláusula contractual por la que Aragonès se compromete con la CUP a someterse a una moción de confianza dentro de dos años es la muestra más elocuente del disparate independentista.
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