Mejor más tarde

Cataluña atraviesa un período demasiado prolongado de inestabilidad que hace urgente la celebración de elecciones capaces de clarificar el horizonte futuro. El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, exageró este jueves los términos de la cuestión al calificar de «suspensión de la democracia» un eventual aplazamiento de los comicios, en un momento en que se están aplicando severas restricciones respecto a la vida social y comercial en Cataluña. La imprevisión legal no puede ser argumento suficiente para que las instituciones se vean impedidas de corregir el calendario electoral ante el auge de los contagios, cuando la propia celebración del 14 de febrero podría volverse un factor añadido a la tercera ola. Claro que para ello sería importante que todas las fuerzas representadas en el Parlamento que ha de renovarse se pusieran de acuerdo y lo hiciesen este viernes, antes de que la Generalitat anuncie su decisión. O que, cuando menos, ningún grupo o institución se disponga a impugnar el desarrollo de las autonómicas pendientes en una fecha posterior.

Es evidente que concurren intereses partidarios tras los deseos de prolongar una legislatura ya agotada, aunque solo sea durante algunas semanas. De tratar de amortizar el 'efecto Illa'. Pero nadie está en condiciones de asumir la responsabilidad de mantener la cita en las circunstancias epidemiológicas que se prevén para el 14 de febrero, y mucho menos de afrontar las consecuencias sanitarias de la movilización electoral. El Gobierno de Pedro Sánchez, el PSOE y el PSC, que tanto insisten en rebajar la tensión política en Cataluña, incurrirían en flagrante contradicción si se empeñasen en mantener la fecha contra el parecer del resto de las fuerzas parlamentarias.

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