Editorial: Un mandato real

Juan Carlos I no solo tiene el deber ciudadano de atender a sus responsabilidades como contribuyente y la obligación institucional de restituir al país la ejemplaridad que ha de representar quien contribuyó tan decisivamente al restablecimiento de la democracia. Tiene, además, el mandato no escrito de preservar la figura y la legitimidad de Felipe VI, en quien abdicó y en el que la inmensa mayoría de la sociedad española confía para que continúe encarnando la Jefatura del Estado en una Monarquía parlamentaria sin sobresaltos familiares que afecten a la credibilidad de la Corona. Para ello es necesario que la regularización tributaria acabe con las dudas que puedan existir sobre la naturaleza de sus bienes personales y su fiscalidad. O que, en su defecto, todos esos bienes sean sometidos de inmediato a análogo procedimiento.

La renuncia de Felipe VI a la herencia que en el futuro pudiera recibir de su padre y la anulación a éste de la asignación que recibía con cargo a los Presupuestos fueron hechos públicos el pasado marzo mediante una declaración que subrayaba las palabras del Rey en el momento de su proclamación en 2014: «la Corona debe preservar su prestigio y observar una conducta íntegra, honesta y transparente». Juan Carlos I está ha de atender el emplazamiento mediante la clarificación de sus cuentas y obligaciones como contribuyente sin comprometer la función institucional del jefe del Estado. Con más motivo cuando el poco modélico comportamiento personal del emérito en los últimos años no solo amenaza con enturbiar el fructífero legado de su mandato, sino que es esgrimido como un arma arrojadiza contra la Monarquía pese a la conducta sin tacha de su actual titular.

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