Editorial: Una mala decisión

Los actos de promesa y toma de posesión de los miembros del nuevo Gobierno quedaron desdibujados ayer por el anuncio de que la exministra de Justicia y actual diputada del PSOE Dolores Delgado será nombrada fiscal general del Estado. Un puesto al que su todavía ... responsable, María José Segarra, accedió por decisión del Ejecutivo que Pedro Sánchez conformó tras la moción de censura contra Rajoy, en junio de 2018, sin que desde entonces se hayan evidenciado problemas imputables a su titular en la actuación del organismo. La frase de campaña del presidente –«¿La Fiscalía depende del Gobierno? Pues ya está»–, pronunciada paradójicamente para explicar que traería «de vuelta» a Carles Puigdemont, resonó ayer como la vindicación del poder gubernamental sobre el Ministerio Público. Sánchez pareció retractarse después al declarar que el Gobierno nombra al responsable máximo de la Fiscalía, pero que esta es autónoma. Las reacciones que suscitó la inminente designación de Dolores Delgado dibujan un panorama preocupante para la institución, puesto que no sería aventurado concluir que la nueva fiscal general contaría con un reconocimiento de partida sensiblemente inferior al del Ejecutivo. Cuando menos, a causa de la inconveniencia estética de tal designación, en un momento en que quienes denuncian la inexistencia de la separación de poderes –los independentistas– reclaman el control negociado del judicial. La abierta contestación de las asociaciones de fiscales que representan a una amplia mayoría de la profesión era tan previsible que hace aún más inexplicable la decisión del presidente. El Ministerio Público, que «tiene por misión promover la acción de la Justicia en defensa de la legalidad», no puede estar dirigido por una persona sujeta a controversia por su destacada adscripción política. Ello cuando ha de pronunciarse casi a diario sobre las distintas variantes del 'procés', incluida su proyección en instancias europeas, pero también acerca del caso Villarejo y de los ERE. Resulta contradictorio que Sánchez trate de desjudicializar el «conflicto político» de Cataluña politizando la Fiscalía del Estado. Mientras, Puigdemont declaraba que «la cuestión catalana ya es un asunto europeo» al estrenarse en la Eurocámara junto a Toni Comín, a la espera de que se tramiten sus suplicatorios. El nombramiento de Dolores Delgado se le ha vuelto en contra al Gobierno antes de hacerlo efectivo cuando el independentismo reclama que su concepción de la democracia se imponga a la legalidad.