Editorial: Una Justicia cualificada

Resulta incongruente que una norma que trastoca el método de elección nada menos que de los integrantes del órgano de gobierno del Poder Judicial sea hurtada al parecer de las instancias que informan con carácter previo de los problemas jurídicos y constitucionales que puede entrañar cualquier iniciativa legislativa. Pero lo grave es que la composición de una entidad de esa relevancia pase de requerir un amplio consenso parlamentario a estar en manos de la mayoría que sostenga un determinado Gobierno. Esta vez, el de coalición PSOE-Unidas Podemos. Con lo que es de prever que los jueces apoyados desde la mitad más uno de los escaños de las Cortes respondan a las simpatías ideológicas y personales de la mayoría en el poder y no al amplio espectro de la Judicatura. Ni siquiera el injustificable bloqueo en que el PP persiste ante la obligada renovación del Consejo, dilatada ya en casi dos años, da la razón al intento de socialistas y los morados por instituir un acuerdo que soslaye la pluralidad. Una propuesta que, además, incurre en el contrasentido de que la parte tasada en la Constitución de juristas de prestigio precise los 3/5 de las Cámaras, mientras que el resto sea designado por mayoría absoluta.

La democracia y sus instituciones no pueden verse reducidas a la inclinación partidaria de los ciudadanos en un momento dado, sin la continuidad siempre cambiante de las normas que emanan de la Constitución y sin el sistema de contrapesos que caracteriza a la división de poderes. En el caso de que la iniciativa decaiga porque ante tan drástico cambio legislativo el PP se avenga a renovar el CGPJ según la norma vigente, sería exigible que el acuerdo que se alcance comprometa a sus firmantes a no modificarla en el futuro rebajando la mayoría cualificada.

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