Editorial: Inhabilitación política

El presidente de la Generalitat fue juzgado ayer por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, acusado de desobedecer a la Junta Electoral Central cuando le ordenó retirar de edificios oficiales símbolos y proclamas que consideraba partidarios durante la campaña del 28-A. Quim Torra ... admitió: «Sí, desobedecí porque era imposible cumplir una orden ilegal». Lo hizo en respuesta a su abogado, a quien siguió la broma de «como en las películas» al aludir ambos a la solemnidad cinematográfica del momento. El independentismo gobernante lleva años afrontando las consecuencias judiciales de sus actos como si se tratara, a la vez, de una tragedia colectiva y de un juego de audacia y habilidad. Hasta el punto de que no se sepa si Torra busca la absolución o la inhabilitación. Siempre sobre la presunción de que tras esta nueva peripecia, tras el acompañamiento que Artur Mas y Pere Aragonès brindaron al presidente de la Generalitat a las puertas del tribunal, hay sectores independentistas que creen obtener ventaja sobre otros. No solo en la pugna de JxCat respecto a ERC, con la CUP a la expectativa. También entre los grupos encuadrados a modo de aluvión dentro de Junts per Catalunya. Torra quiso convertir ayer la acusación que pesa sobre su conducta al frente del Gobierno de la Generalitat en motivo para denunciar los déficits de libertad en el Estado constitucional. Pero se quedó a medias en su empeño. Porque ni el independentismo catalán en su conjunto ni cada una de sus tendencias saben exactamente qué quieren, cuándo y cómo. La eventualidad de que Torra sea inhabilitado por la Justicia podría impedirle concurrir a unas próximas elecciones autonómicas. Si Torra no toma la delantera mediante una convocatoria de elecciones, una eventual sentencia de inhabilitación llevaría a Pere Aragonès, de ERC, a hacerse cargo de la presidencia de la Generalitat en su calidad de actual vicepresidente. Torra se jactó de desobedecer una orden que consideró ilegal. Como si su presidencia ejecutiva le confiriese la potestad de dibujar los lindes de la legalidad incluso ante el Tribunal Superior catalán. Pero su testimonio reflejó el desnorte general en que vive el independentismo como factor de inestabilidad para el conjunto del país.