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El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña adoptó ayer la 'cautelarísima' resolución de dejar provisionalmente en suspenso el decreto firmado por el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, por el que suspendía las elecciones previstas para el 14 de febrero y anunciaba su celebración el ... 30 de mayo si las condiciones epidemiológicas lo permiten. La decisión atiende a dos recursos, que podrían multiplicarse a la vista del enredo legal en el que se ha metido la política catalana a causa de la vía jurídica por la que optó el Ejecutivo autonómico para posponer los comicios. La suspensión de la suspensión se debe a que, de dejar correr los días incumpliendo los trámites electorales, la convocatoria del próximo mes decaería sin que el tribunal se pronunciara al respecto.
La Generalitat puede exponer ante la instancia judicial razones de salud pública difíciles de rebatir alegando que lo fundamental es el mantenimiento de una cita electoral obligada porque el Parlament no fue capaz de sustituir al inhabilitado presidente Quim Torra. Pero incurrió en el error jurídico de suspender la convocatoria en lugar de aplazarla a una fecha determinada. Y en un desliz imperdonable al pretender que un vicepresidente en funciones de presidente pudiera arrogarse la facultad de dejar en suspenso un llamamiento a las urnas en principio ineludible.
El enredo legal amplifica la confrontación partidaria en Cataluña. Ningún grupo con representación parlamentaria en esta legislatura ha presentado recurso contra el decreto del Govern ni ha anunciado que lo vaya a hacer. Pero sería ingenuo suponer que las impugnaciones en marcha solo obedecen a la preocupación de algunos ciudadanos por la pulcritud normativa de los actos de la Generalitat en una cuestión tan delicada como un proceso electoral y no a la judicialización ya endémica del conflicto en Cataluña. Llegados a este punto, la imprevisión legal no resulta fácil de suplir en la dialéctica entre las partes en litigio. Ni parece sencillo que las razones de salud pública prevalezcan sobre la cita del 14 de febrero en una resolución en la que el Tribunal Superior se erigiese poco menos que en instancia convocante. Solo un acuerdo de todas las fuerzas hoy parlamentarias podría mediar a la búsqueda de una solución a la que las instituciones de la Generalitat le encuentren una formulación jurídica aceptable. De lo contrario, Cataluña alcanzará el pico del desbarajuste institucional y de la división política.
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