Encrucijada laboral

La parte socialista del Gobierno recurre a la previa necesidad del consenso entre sindicatos y organizaciones empresariales para cargarse de razón al aparcar ese punto del programa de coalición. Su otro argumento es que la crisis desatada por la pandemia ha variado la agenda gubernamental, relegando la reforma laboral a un momento posterior de la legislatura. Máxime tras la insistencia de la Comisión Europea en acompañar el Plan Next Generation con reformas estructurales que ahonden en la flexibilización del mercado de trabajo.

Pero el Gobierno no puede remitirse una y otra vez a la inexistencia de un acuerdo al respecto entre empresarios y trabajadores, ni mucho menos solaparse en la coexistencia en el Consejo de Ministros de dos posturas imposibles de conciliar. El Gobierno debe pronunciarse a una sola voz sobre un tema tan relevante. Un informe de la Oficina Económica de la Presidencia situaba hace un mes los convenios de empresa sobre los sectoriales, como está ahora. No siendo esa la posición del ministerio de Trabajo que dirige Yolanda Díaz, y mucho menos la de Pablo Iglesias.

El Ejecutivo Sánchez debe clarificar su postura sobre el conjunto de los propósitos que albergaba la ministra Díaz y sobre el propio programa de coalición. Tanto en lo que afecta al alcance de la negociación colectiva y sus mecanismos de revisión, como en cuanto a la eventual redacción de un nuevo Estatuto de los Trabajadores. Resulta hasta cierto punto comprensible que el presidente priorice el mantenimiento de una mínima sintonía con sus socios de coalición, soslayando diferencias.

Pero en un tiempo en el que se acumulan las incertidumbres, con la recuperación a dos años vista, el Gobierno de Pedro Sánchez debería despejar incógnitas y explicar claramente qué pretende hacer con la reforma laboral o si prefiere descartar cambios en las relaciones laborales durante la legislatura, a no ser aquellos que acuerden solicitar al unísono las organizaciones empresariales y los sindicatos.