Editorial: efectos adversos

Las razones de salud pública han de primar, pero el inicio de la desescalada no puede basarse en el dictado de aperturas imposibles a las que pequeños empresarios y promotores se vean obligados porque en caso contrario se les nieguen ayudas públicas para posponer una decisión razonable. Gobiernos autonómicos de diverso signo –incluidos algunos del PSOE– han mostrado su contrariedad porque el Ejecutivo basara en la circunscripción provincial la «asimetría» que guiará este proceso. Puede que ello facilite ordenar la movilidad puesto que todos los ciudadanos conocen esos límites. Pero no deberían pasarse por alto las áreas de salud, las comarcas naturales y el criterio de las comunidades a la hora de evaluar la situación de la epidemia y suprimir de forma paulatina las restricciones vigentes.

La autoridad única habría de dialogar con los gobiernos autonómicos, que conocen a fondo las peculiaridades propias de sus territorios, y con los sectores afectados a fin de enriquecer el plan con sus propuestas antes de ponerlo en marcha. Sánchez haría bien en practicar el diálogo que predica. El coste de no haberlo hecho hasta ahora es que la brecha abierta con varios de sus socios en la investidura y la tensión con el PP amenazan el apoyo del Congreso a una nueva prórroga del estado de alarma.