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El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, acompañado del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y el presidente de la FEMP, Abel Caballero Mariscal. Efe
Editorial: División en el municipalismo

Editorial: División en el municipalismo

El Gobierno intenta atraer a los alcaldes contrarios a prestar sus remanentes con una oferta que llega tarde y que a pocos convence

El Norte

Valladolid

Miércoles, 12 de agosto 2020, 08:10

Hacienda trató ayer de acercarse sin demasiado éxito al municipalismo, hoy en pie de guerra, después de la controversia política derivada del acuerdo con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para el uso de los remanentes de tesorería, unos 15.000 millones de ... euros, que tienen los ayuntamientos. El ministerio de María Jesús Montero se comprometió a asumir el pago de los intereses que las entidades locales abonan a las entidades financieras por tener depositados sus remanentes, por lo que los ayuntamientos que presten estos ahorros se beneficiarán de un tipo de interés efectivo del 0%, pudiendo llegar a ahorrar hasta 70 millones de euros anuales. En la actualidad, los consistorios han de pagar por tener sus depósitos en los bancos y, con esta oferta, sería la Administración del Estado la que correría con tales intereses. Esta decisión se enmarca en el intento de paliar el rechazo municipalista después de que el voto de calidad del presidente de la FEMP, el socialista Abel Caballero, abriera la puerta a conceder el préstamo al Ejecutivo. El acuerdo, elevado el martes a decreto-ley, consiste en que los gobiernos locales cedan sus remanentes al Estado, que, a cambio, se compromete a inyectarles, de manera proporcional, 5.000 millones entre 2020 y 2021 (un máximo de 2.000 en 2020 y el resto en 2021). El préstamo sería devuelto en su integridad en un plazo máximo de 15 años a partir de 2022, según el real decreto publicado en el BOE. Aquellos municipios sin liquidez, sin embargo, quedarían fuera del reparto, aunque se beneficiarían de un fondo especial al margen de estos cómputos. Los ayuntamientos que se acojan a este planteamiento tienen hasta el 15 de septiembre para decidirse.

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