Deuda al límite

La deuda contraída en valores a largo plazo es de 1,07 billones de euros y de 91.005 millones a corto plazo, con otros 173.405 millones en préstamos. Composición que permitiría afrontarla con no poco esfuerzo si experimentamos una recuperación vigorosa a partir de 2022 y si el crecimiento europeo se presenta robusto tras la inmunización vacunal. Pero que puede actuar como un lastre duradero, capaz de limitar sobremanera el margen de actuación del sector público rebajando su poder inversor si las necesidades sociales se perpetúan como consecuencia de inercias pandémicas globales. Un lastre capaz de hipotecar las oportunidades de los más jóvenes. Como ocurre con el déficit público, la imputación de la inmensa mayoría de la deuda a la Administración central (un 107,6% sobre el PIB) ofrece un retrato equívoco sobre la vertiente territorializada del endeudamiento nacional, incluidos los 85.355 millones que debe la Seguridad Social.

La presencia de la deuda autonómica tanto en la columna correspondiente al Estado central como en el desglose por comunidades no acaba de reflejar, siquiera a título descriptivo, la distribución de la financiación conseguida a cuenta y las responsabilidades contraídas por cada institución de gobierno. Lo que contribuye a una asunción difusa, evasiva, de los compromisos derivados del endeudamiento y, en esa medida, a dilatar la contención del pasivo público. Durante 2021 las administraciones públicas deberán continuar asistiendo con medidas de emergencia a la economía, al empleo y a las necesidades de las familias. Y la recaudación tributaria se resentirá tanto que les será imposible reducir la deuda. Pero es crucial que la política y la sociedad se hagan cargo de que el endeudamiento es un lastre que no puede ir a más este año sin comprometer la recuperación.