Editorial: Despenalizar la palabra

La formación de Pablo Iglesias ha dado ese paso, además, sin encomendarse al protocolo establecido en el acuerdo de coalición para concertar toda iniciativa legislativa y después de que el Ministerio de Justicia avanzase su intención de promover la revisión del Código Penal a ese respecto. La opinión libre no puede derivar, por ejemplo, en inducción para la comisión de actos ilícitos, ni en la difusión deliberada de falsedades e infundios en un entorno normativo de impunidad. Aunque lo censurable penalmente nunca debieran ser los adjetivos empleados para calificar hechos o personas, sino las imputaciones gratuitas y, sobre todo, los llamamientos a desbordar la legalidad violentando los derechos de los demás. No tiene sentido que la redacción de un texto, el contenido de una canción o el de una obra representada sean castigados con la cárcel. Pero la despenalización en ningún caso debería hacer creer a nadie que el ejercicio de la libertad de expresión está a salvo de las críticas y los reproches que suscite en el ejercicio de esa misma libertad.

Resulta preocupante que los miembros del Gobierno expliquen estas y otras desavenencias entre sus socios a causa de la campaña electoral en Cataluña cuando precisamente el 14-F hace imperdonables los excesos, las sobreactuaciones y, sobre todo, los signos de inestabilidad.