Este 12 de julio se celebran las elecciones autonómicas gallegas y vascas, que estaban previstas en abril pero que tuvieron que aplazarse por la epidemia de coronavirus. El 18 de mayo, todavía en estado de alarma, Urkullu y Feijóo fijaron la convocatoria para este día, ... contando con que la crisis ya estaría resuelta, según sendos informes sanitarios de sus asesores. Un informe jurídico del País Vasco recomendaba sin embargo designar una fecha «subsidiaria» en septiembre u octubre por si en julio no fuese posible acudir todavía a las urnas. Viéndolo ahora en retrospectiva, tal vez plantear las consultas en julio pudo ser prematuro. Máxime cuando no había urgencia alguna ya que en ambas comunidades hay gobiernos estables que podían haber permanecido varios meses más en el poder, teniendo en cuenta además que su principal papel en ese tiempo sería controlar la pandemia y contribuir a la reconstrucción.
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Los ejecutivos de ambas autonomías realizaron la convocatoria de elecciones en pleno ejercicio de sus facultades, pero en ningún momento se planificó un sistema alternativo de votación para los contagiados de la covid-19. Lo cierto es que este domingo tienen prohibido votar unas 500 personas que han dado positivo por el coronavirus en ambas comunidades, habrá otras que estando confinadas no podrán desplazarse a su domicilio habitual para votar, y deberán adoptar grandes cautelas un millar de confinados que han estado en contacto con infectados. Eso sin contar con que puede crecer la abstención ante el temor al contagio.
El rigor es extremo y no hay discusión en que las personas contagiadas por la covid-19 cometerán un delito contra la salud pública si van a votar, como ha advertido la consejera de Seguridad del Gobierno Vasco. Las juntas electorales no se han opuesto a este planteamiento, aunque muchos expertos constitucionalistas anticipan la presentación de recursos porque el derecho al voto y el derecho a la salud deberían hacerse compatibles. Es obvio que no se puede prohibir votar a nadie y que quienes se sientan violentados podrán recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de su respectiva comunidad y en amparo por violación de derechos fundamentales ante el Constitucional.
Este domingo, en unas circunstancias muy especiales, los gallegos y los vascos deciden quiénes les gobernarán los próximos cuatro años y qué rumbo quieren para afrontar la crisis sanitaria, económica y social a la que nos enfrentamos por el coronavirus.
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