Editorial: confinamiento territorial

El presidente de la Generalitat, Joaquim Torra, decidió ayer restringir drásticamente la movilidad de salida y entrada a la comarca leridana del Segrià a causa de los nueve brotes de Covid-19 que amenazan a sus 210.000 habitantes. Junto a ello, la población de ... sus 38 municipios verá limitada su actividad dentro de los lindes comarcales a lo dispuesto para la fase 2 de la desescalada, en términos generales. La necesidad de una medida de confinamiento que evitase la extensión comunitaria de los contagios y su proyección hacia otras partes de Cataluña y hacia Aragón fue apuntada el jueves por el director de Alertas y Emergencias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón. Es de suponer que el Gobierno de la Generalitat ha estado barajando estos días tal eventualidad, a la espera de que los datos epidemiológicos, de seguimiento de casos y de hospitalización mejorasen. Optando finalmente por el confinamiento perimetral del Segrià, aunque no así de sus habitantes en cuanto a su quehacer cotidiano dentro de cada localidad y la circulación entre los distintos municipios. La resolución de la presidencia autonómica se basa más en la autoridad política guiada por criterios sanitarios que en un basamento jurídico que soporte la magnitud de la restricción dictada y su continuidad. Entre la figura constitucional del estado de alarma y el real decreto elaborado para la «nueva normalidad» no existe una previsión legal que faculte a una comunidad autónoma a decretar la primera para aplicarla en un ámbito geográfico determinado. El Gobierno de la Generalitat anunció ayer que pondría su medida en conocimiento de la instancia judicial correspondiente. Pero el alcance jurídico de la iniciativa está tan sujeto a controversia que su valor inmediato se refiere a la legitimidad bien informada de la Generalitat para que los ciudadanos del Segrià se atengan a las indicaciones de la administración autonómica sin cuestionarlas vivamente, y a que ésta renuncie a hacer un alarde sin fundamento de una supuesta capacidad sancionadora contra quienes desoigan abiertamente las recomendaciones de salud pública. Lo importante en estos momentos es que la orden institucional y la consciencia ciudadana concurran en un empeño compartido por atajar los contagios como interés común a todos. Lo que no obsta para que, ante el caso de Lleida y ante la proliferación de brotes en otro lugares, el Gobierno central y los autonómicos traten de perfeccionar los instrumentos legales de la emergencia.