Aragonès, a prueba

La competencia interna e incluso la inquina mutua entre los dirigentes de las distintas marcas del independentismo no puede ser admitida como eximente, sino en todo caso como agravante de una conducta basada en el ensimismamiento secesionista, el exclusivismo y la exclusión. La división del soberanismo no abre esperanzas a la pluralidad porque nuclea el mecanismo identitario que cierra el paso a la concordia sobre bases comunes al conjunto de los españoles. También por eso conviene no caer en el revisionismo que, a cuenta de los indultos a los presos del 'procés', tiende a presentar la inestabilidad en Cataluña como una situación que requeriría compensar al soberanismo. Es comprensible que los empresarios catalanes reclamen estabilidad política. Más sorprende que el presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, avale las medidas de gracia en un inesperado balón de oxígeno para Pedro Sánchez que supone, a su vez, un revés a la estrategia del PP. Pero ha de ser el independentismo gobernante el que asegure ese escenario renunciando expresamente a aventuras y desaires que mantengan a Cataluña sumida en un clima de provisionalidad y tensión.

Las instituciones de la Generalitat forman parte indisociable del Estado constitucional. Su presidente es la máxima autoridad del Estado en esa comunidad. El jefe de ese Estado, llamado España, es el Rey porque así lo determina una Carta Magna redactada también por la antigua Convergencia. Ni el Gobierno ni las Cortes pueden admitir que el secesionismo convierta su negación de Felipe VI en la reserva simbólica con la que procurarse ventajas negociadoras.