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La coincidencia entre el Gobierno central y la Generalitat sobre la necesidad de aumentar las restricciones a la población ante la transmisión comunitaria en Lérida y respecto al contenido del decreto ley promulgado por el Ejecutivo catalán resulta desconcertante cuando es manifiesta la imposibilidad de ... limitar derechos y libertades fundamentales a 200.000 ciudadanos sin recurrir al estado de alarma. La cautela introducida por el ministro Salvador Illa ayer al referirse a lo que en contrario «puedan considerar los servicios jurídicos del Estado», añade aún más confusión a la situación cuando la eficacia de toda medida frente a la covid-19 depende de su aplicación segura. La apelación del titular de Sanidad a que en todo caso las limitaciones gubernamentales están sujetas al control de los jueces o a la aprobación parlamentaria recuerda a Quim Torra que no puede desoír, como hizo el lunes, una eventual resolución judicial que corrija total o parcialmente a la Generalitat.
Cataluña concentra una parte significativa de los focos detectados en todo el país y su segunda ciudad –Hospitalet– presenta un contagio también comunitario en el área metropolitana de Barcelona. Un panorama que invita a preguntarse si las características de la coyuntura que se vive en esos dos enclaves catalanes no corresponden a la segunda ola que se preveía para otoño. Es cierto que muchos de los más de 120 brotes que se dan en España están bajo control e incluso tienden a remitir. Pero el número total de focos de contagio y de personas afectadas ha ido aumentando a medida que la 'nueva normalidad' permitía restablecer la vida social y laboral.
Illa presentó ayer al Consejo de Ministros la propuesta de plan de respuesta temprana que está discutiendo con los consejeros autonómicos para acordarlo en la reunión que el Consejo Interterritorial celebrará mañana. Pero, aunque se hable de «respuesta temprana», es inevitable la sensación de que Gobierno, autonomías y ayuntamientos vuelven a ir unos pasos por detrás del problema que han de atajar. Tanto en cuanto a la toma de decisiones como en la disposición de los medios necesarios. La paulatina obligatoriedad de utilizar mascarillas, el debate inconcluso sobre la eventualidad de revisar protocolos en el uso del espacio público o de establecimientos, y las dudas que afloran sobre el reforzamiento real de los mecanismos de detección y seguimiento de casos son reflejos de una excesiva parsimonia.
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