El Tribunal de Cuentas ha rehusado que los exresponsables de la Generalitat a los que requirió la restitución de fondos malversados en el 'procés' con cargo a su patrimonio personal recurran a avales del Instituto Catalán de Finanzas para afrontar las responsabilidades económicas contraídas en ... un ejercicio abusivo de funciones ejecutivas. Parece lógico que malversar caudales públicos conlleve la obligación de responder de su cuantía, sin incurrir en el absurdo de que el propio erario se haga cargo del ilícito. Es evidente que la resolución del Tribunal de Cuentas ha cogido por sorpresa a Artur Mas y a los otros encausados, así como a los independentistas que hoy están a cargo de la Generalitat que, en esa medida, no pueden eludir sus deberes solidarios respecto a quienes les antecedieron poniendo una parte de los resortes del autogobierno estatutario al servicio de la república catalana.
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Pero resulta inadmisible que desde una institución del Estado, como es el Gobierno de la Generalitat, se acuse a otra como es el Tribunal de Cuentas de utilizar el «miedo» para ejercer una «represión sutil» por motivos políticos e ideológicos. Hasta el punto de comparar –por parte de la primera autoridad del Estado en Cataluña, Pere Aragonés– los supuestos «ataques» contra la comunidad que preside con el fusilamiento de Lluís Companys, aprovechando el 81 aniversario de tan vil ejecución por parte del recién inaugurado régimen franquista. Es muy preocupante que la vertiente pragmática del independentismo catalán se vea en la necesidad de banalizar aquella injusticia extrema para enfatizar su consternación por la suerte de las personas que deberán responder con su patrimonio si finalmente prevalece la resolución del Tribunal de Cuentas.
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El consejero de Economía y Hacienda, Jaume Giró, anunció ayer que elevaría un recurso ante el propio Tribunal de Cuentas. El Síndic de Greuges –defensor del pueblo catalán–, Rafael Ribó, tiene el propósito de acceder al Consejo de Europa y a la comisaria europea de Derechos Humanos, contra una resolución administrativa que contravendría un decreto-ley convalidado por el Parlamento de Cataluña. Y ERC y Junts pagaron ayer casi por completo la fianza al Tribunal de Cuentas de los políticos del 'procés'. Sería mejor que la 'Generalitat del diálogo' se atuviese a los resultados del litigio jurídico, aun a sabiendas de que se dieron pérdidas reales respecto al presupuesto y los activos del Estado que complican tales gestiones.
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