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En la antesala de la sentencia sobre los acusados del 'procés' la portavoz del Govern de la Generalitat, Meritxell Budó, pasó preventivamente la pelota de la estrategia de la tensión a las asociaciones populares poniendo a cubierto a partidos políticos y miembros del Ejecutivo. La ... señora Budó vino a decir que ellos como Gobierno no pueden desobedecer las sentencias y las leyes, «porque no sería de recibo» (?); pero que respetarán «lo que decida la sociedad civil». La realidad es que Torra, Budó y el resto de consejeros han comprobado que, cuando han dado ese paso, la respuesta del estado democrático de derecho es demasiado gravosa para sus intereses personales. La proclamación de la república, de la ley de desconexión, de la organización del referéndum, de la desobediencia al Supremo y al Tribunal Constitucional han dado con los huesos de unos cabecillas en prisión y la huida vergonzante del resto.
Artur Mas y otros exconsellers están inhabilitados y deben hacer frente a cuantiosas multas. Prólogo de una dura lección sobre los efectos de echar un pulso al Estado de derecho que está a punto de culminar cuando el juez Marchena firme el veredicto del tribunal. Así que el proceso de secesión se ha quedado sin estrategia y, lo peor, sin líderes. La marchas de las antorchas a la cárcel de Lledoners en busca de un liderazgo vacante es la expresión de que el pueblo 'indepe' necesita un 'braveheart' (corazón valiente), una vanguardia, agitadores creíbles, proclamas y caudillos que seguir. No presos o huidos. Pero los funcionarios de la secesión, como la señora Budó y Torra, vuelven a la doctrina de la desobediencia civil. Le dejan solo al pueblo. Como si todos fueran Xirinacs.
Los únicos actos de desobediencia civil multitudinarios han sido las consultas ilegales del 9 de noviembre de 2014 (proceso de participación ciudadana) y el referéndum prohibido del 1 de octubre de 2017. Pero son hechos puntuales impulsados, financiados, manufacturados desde el poder autonómico. Sin coste penal ni económico. Eso, estrictamente, no es desobediencia civil. Es obediencia civil. Al poder establecido. Al régimen nacionalista de 40 años en Cataluña. Los que realmente ejercieron la desobediencia civil fueron los que el 1-O no acudieron a la llamada de la Generalitat, de TV3, de la coacción de las banderas en los balcones y la xenófoba mirada de quienes te expulsan del colectivo catalán 'de verdad' si no secundas su proyecto de ruptura.
La desobediencia civil es dejar de pagar impuestos, dejar de obedecer al gobierno, hacer huelgas de hambre y manifestaciones unánimes sin horario. Ramón Alcoberro, filosofo catalán y especializado en el gran teórico de la desobediencia civil H.D. Thoreau, recuerda que para que ese instrumento de sublevación pacífica sea eficaz requiere varias condiciones: que sea ejemplarizante, sostenible en el tiempo indefinidamente y referida a una ética superior. Pero la parte independentista de Cataluña parece estar más preparada para la obediencia a sus cabecillas que para la desobediencia al Estado.
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