Desmemoria

La Ley de Amnistía no fue un perdón que las Cortes Constituyentes concedieran a los responsables del franquismo. Fue fruto de una reivindicación que la oposición democrática y de izquierdas enarboló tras la muerte del dictador para borrar las causas que pesaban sobre quienes se opusieron al oprobio fascista, sin tener en cuenta la naturaleza material de los delitos que hubiesen podido cometer. A cambio la democracia renunciaba a encausar a los responsables del régimen que dejaba atrás. La Ley de Amnistía tampoco fue un perdón que las Cortes Constituyentes dictasen con aplicación universal e inmediata. Era necesario acogerse a ella individualmente y hacerlo ante la justicia, sin que el veredicto de esta pudiera soslayar responsabilidades civiles. Aquella ley fue aprobada por el Congreso con 296 votos, dos en contra y 18 abstenciones. Con el PSOE, el PCE, CiU, PNV y ERC a favor.

Es comprensible que 44 años después se vean y sobre todo se sientan las cosas de manera distinta. Pero el cuestionamiento de la Ley de Amnistía no puede caer en el deleite de revisar el pasado desde la comodidad del presente, y mucho menos en la injusticia de reprochar a los de entonces su poca ambición de libertad. Convendría que tanto los firmantes de la autoenmienda como los promotores de la derogación de la Ley de Amnistía –ERC, EH Bildu, CUP, BNG, Junts y PdECAT– leyesen detenidamente el articulado de aquella norma de reconciliación. Porque de seguir adelante con sus planteamientos estarían alentando la apertura de procedimientos en todas direcciones, no solo contra responsables del anterior régimen. Aunque quizá es eso lo que buscan, devolvernos al posfranquismo.