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El pasado miércoles, mientras en las Cortes se constituían dos de las tres comisiones que han visto la luz esta semana para investigar actividad de la Junta bajo la Presidencia de Juan Vicente Herrera, el expresidente y hoy consejero del Consultivo convocaba a los ... miembros de su último Gobierno regional a un almuerzo de inicio de año. Era la primera vez que se reunían desde que dejaron el Ejecutivo en julio. Y acudieron todos los exconsejeros, incluida la salmantina Josefa García Cirac, que estas navidades ha estado por España, en un alto en su actividad profesional en la Universidad de Pensilvania, a cuyo estado se ha trasladado con su familia para perfeccionar este curso su formación docente e investigadora. Casualidades de la política, que las tiene: los miembros del gobierno que va a ser investigado en las Cortes, de nuevo reunidos, aunque de manera informal y amigable, casi a la misma hora en la que parlamentariamente empezaban a llover misiles tierra-aire sobre el herrerismo y lo que queda de él, concentrado en los ayuntamientos de Valladolid y de León, donde tres exconsejeros ejercen por el PP de concejales, José Antonio de Santiago-Juárez, Pilar del Olmo y Antonio Silván, y en el Congreso, donde dos exconsejeras son diputadas, Milagros Marcos y Alicia García.
El detalle del partido es nuclear en este espacio investigador que se abre en las Cortes. Con toda razón, el equipo de Alfonso Fernández Mañueco lleva bastante tiempo intentando sacudirse de encima el pasado, especialmente el de las investigaciones judiciales y políticas vinculadas a la gestión en la Junta. No hace nada distinto a lo que marcan los cánones: Pablo Casado no quiere ver ni en pintura las etapas corruptas de exdirigentes nacionales del PP; José María Aznar ni mira hacia los casos de corrupción que afectan a varios de sus ministros; Pedro Sánchez, como que la investigación de los EREs andaluces no va con él... Por tanto, lo de Fernández Mañueco es harto comprensible por políticamente relevante: que cada palo aguante su vela. Pero, claro, se investiga gestión ejecutiva de cargos que fueron puestos por un partido, el Popular, y eso es complicadísimo de ser sacudido de encima. Menos aún si quien preside hoy la Junta y el partido era el número dos del mismo en la época que se pretende 'reinvestigar' en las eólicas y la Perla Negra e investigar en los fondos mineros y en los planes de medios de comunicación.
Por mucho que el consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, haya inventado la fórmula de que los dos exviceconsejeros del PP encausados (Rafael Delgado y Begoña Hernández) y el expresidente de Excal, Alberto Esgueva, actuaban como directivos de empresas públicas y no como altos cargos gubernativos, resulta que no se ha inventado aún la empresa pública en la que haya directivos no colocados por el partido gobernante. Eso desactiva la herramienta de Ibáñez, quien cada día brilla más por encima del resto de consejeros populares de Mañueco, incluido el guardián de la Hacienda regional, el palentino Carlos Fernández Carriedo.
Ciudadanos que, con Francisco Igea a la cabeza, ha promovido dos de las tres nuevas comisiones de investigación, busca claramente réditos políticos a costa del PP, pero pueden encontrarse los igenianos con la horma de su zapato: que estando como están en un partido carne de tanatorio político, se dediquen a trabajar para Vox si agitan en exceso las aguas estancadas a investigar. Solo en el desgaste del PP cabe situar que haya despertado Ciudadanos, por boca de María Montero, presidenta de la comisión de investigación de la financiación y planes de medios de comunicación de la Junta, el monstruo de la presunta corrupción en el caso Enredadera, aquel por el que fue investigado, e incluso estuvo dos meses en prisión provisional, el constructor José Luis Ulibarri, propietario de media Televisión Castilla y León y de algunos periódicos y emisoras de radio provinciales. Aquel al que, cuando era alcalde de León, avisó (está grabado por orden de un juez) el hoy también senador del PP Silván de que estaban abriéndose las plicas en una mesa de contratación pública y le faltaban requisitos por cumplir. Uff, qué pisotón de Ciudadanos a su socio de Gobierno regional, el PP. En Vox se frotan las manos por lo que les puede tocar en réditos políticos y ya cuentan votos.
Quien no está claro que vaya a poder sacar rédito político es el que ha propuesto la comisión de 'reinvestigación' de las eólicas, el PSOE, dado que la depresión postelecciones autonómicas le dura a Luis Tudanca, su secretario general (no confundir con líder), y seguro que se le agrava con el hecho de que a quien primero haya llamado Sánchez para ofrecerle ministerio (propuesta convenientemente declinada) haya sido al alcalde de Valladolid, Óscar Puente, en la práctica, la referencia socialista en Castilla y León. Además, Tudanca ha cometido la torpeza de ponerse a pedir nada menos que la mitad (¿por qué no el 70%) de los futuros fondos estatales de lucha contra la despoblación: da a entender que desconoce que esa lucha, de producirse, presupuestariamente será una política transversal, no una única hucha con mucho dinero. Una política en la que decidirá sobremanera la flamante vicepresidenta de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, cuyo nombramiento como tal hace que en la nueva etapa nacional cobre muchísima más influencia el socialista vallisoletano, director de Gabinete de esta vicepresidenta, Álvaro Abril, quien fuera doce años concejal de la capital del Pisuerga. Y a este se añade la ministra de Industria, que repetirá cargo, la vallisoletana Reyes Maroto. Demasiada competencia para Tudanca.
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