Descrédito institucional

Una vez consumado el desmán, el PP sigue exigiendo al PSOE que acepte la elección directa de los jueces para la provisión del CGPJ, presentando al menos el proyecto de ley al Parlamento; con esta condición, ya estaría dispuesto a negociar la renovación con el sistema vigente. Pero esta condicionalidad es inaceptable. Primero, porque es de una desfachatez indecorosa supeditar el cumplimiento de las leyes a la obtención de unas ventajas subjetivas. Y segundo, porque muchos pensamos que el sistema vigente -el Parlamento elige entre unos candidatos propuestos por los jueces- es el mejor de los posibles, aunque no habrá modelo electivo convincente hasta que los partidos renuncien a aplicar el sistema de cupos. Esta es, de cualquier modo, otra cuestión.

Lo que el PP pretende con la «elección directa» es muy simple: con la fórmula actual, existe una acomodación de las instituciones judiciales -CGPJ y TC- al equilibro político del país, reflejado en el Parlamento. Y puesto que la corporación judicial es abrumadoramente conservadora (las grandes asociaciones de jueces son afines al PP y solo una, de mediano tamaño, es progresista), la formación de Casado pretende consolidar ya para siempre un CGPJ definitiva y permanentemente conservador. En realidad, la derecha de este país no acaba de entender ni de asimilar cómo el buen juicio de los ciudadanos ser corrompe a veces hasta el extremo de votar a partidos progresistas. Cuando, como todo el mundo sabe, el sagrado orden de las cosas es por derecho divino patrimonio del Partido Popular.

El PP nos meterá en un conflicto grave si se obstina en mantener esta posición, porque los propios jueces no soportarán la tensión que les produce contribuir involuntariamente a un incumplimiento constitucional tan notorio. Pero es igual: al PP no le importa contaminar las instituciones con tal de acumular poder y ventajas.

Porque no se ha dicho pero conviene decirlo cuanto antes: la gravísima devaluación del Tribunal Constitucional producida por la incorporación de los últimos cuatro magistrados tendrá consecuencias políticas, aunque no jurídicas, sobre el peso de sus decisiones. Los cuatro nuevos magistrados han sido designados por razones que casi nada tienen que ver con la competencia profesional (ni siquiera habían alcanzado niveles superiores en el escalafón judicial), y uno de ellos es una figura absolutamente impropia para ocupar el puesto que ocupa por sus relaciones con el entorno de la corrupción, por la estridencia pertinaz y radical de sus opiniones políticas y por las irregularidades administrativas detectadas en el desempeño de su profesión. ¿Acaso no se ve que un tribunal constitucional devaluado tendrá mucha menor autoridad a la hora de desactivar, pongamos por caso, veleidades soberanistas de alguno de los independentismos patrios?

El Estado habla y actúa a través de sus autoridades democráticas, que lo representan. Y todos tenemos la obligación de que tales voces provengan de procedimientos depurados y cumplan no solo la letra sino también el espíritu de las prescripciones legales. Las desautorizaciones o los respaldos del TC han sido hasta ahora acreditadas fuentes de autoridad, prácticamente indiscutibles. Pero a partir de ahora el TC tiene menos peso en la conciencia colectiva porque está contaminado. Me cuentan que alguno de los magistrados actuales, ingratamente sorprendido por las nuevas aportaciones, sopesa su dimisión del cargo. Sería sin duda una decisión honorable que algunos aplaudiríamos. Pero también una mala noticia porque demostraría que se ha debilitado irremisiblemente la solidez del sistema institucional.