El vertiginoso encarecimiento de la luz, que ha encadenado varios máximos históricos en la última semana, se ha convertido en un problema social de primer orden. En una coyuntura en que las economías domésticas luchan por ajustar sus gastos, el impacto de esa subida es ... difícil de digerir. El descontrol sobre los precios de la electricidad, un bien de primera necesidad para familias y empresas, pone sobre la mesa del Gobierno una grave situación ante la que parece desbordado. Su reacción derivando responsabilidades a ejecutivos anteriores o a las limitaciones que impone Bruselas indica la ausencia de un diagnóstico certero sobre las raíces de un desafío que requiere con urgencia medidas estructurales de calado en lugar de meros parches. También la falta de soluciones dignas de tal nombre.
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La llamativa rectificación de la vicepresidenta Teresa Ribera al abrir ahora la puerta a la opción de crear una empresa pública que gestione la energía hidroeléctrica supone una nueva improvisación. Porque, lejos de garantizar mayor eficacia, esa fórmula tampoco asegura una salida –y mucho menos, inmediata– al desbocado aumento de la energía. Lo reconoció ella misma hace unos meses, cuando descartaba tal medida. La reducción del IVA con la que el Gobierno creyó frenar la subida se ha visto contrarrestada por el alza de la electricidad en el mercado mayorista.
El actual sistema de fijación de precios, que es necesario revisar, se ha demostrado ineficaz para evitar que cuando las materias primas como el gas sufren una fuerte presión de la demanda el sobreprecio recaiga sobre los consumidores. La carestía de los derechos de emisión del CO2 también lastra el recibo al endosar al ciudadano el coste de la transición ecológica. Ante un problema tan complejo, el sector Podemos del Ejecutivo propone soluciones simplistas propias de los populismos y anuncia su intención de tomar la calle para capitalizar el malhumor de la población en una actitud incomprensible en un partido que gestiona los destinos del país. Mientras tanto, la mayoría del PSOE en el Gobierno intenta ocultar su falta de alternativas eficaces con la insinuación de nacionalizaciones, una vía desechada hasta ahora y que alimenta la sensación de que su socio le ha doblado el pulso. El mercado de la electricidad requiere urgentes reformas estructurales. No es admisible que nuestro país tenga la energía más cara de la UE.
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