La empresa Deliveroo, de reparto domiciliario de productos (alimentos y otros), se marcha de España poco después de que se promulgara una norma -la llamada 'Ley rider'-que obliga a esta clase de compañías a contratar como fijos a sus empleados, que hasta ahora podían ... trabajar como autónomos, en condiciones de máxima precariedad: sin seguridad social, pese a los riesgos de transitar a diario en débiles vehículos, generalmente bicicletas, por las calles de las ciudades portando grandes bolsas a los clientes.
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Se ha sabido que la marcha de Deliveroo de España estaba decidida antes del cambio de la normativa ya que su problema es que no es capaz de competir con Glovo y Uber Eats, mucho mejor asentadas. Lógicamente, la reforma ha precipitado eta decisión. Y se ha generado un debate sobre si la normativa estatal debería suavizarse para permitir que negocios tan poco sólidos como estos consigan asentarse y evitar deslocalizaciones o si ha de preponderar el mantenimiento de un régimen de relaciones laborales que proteja a los trabajadores de los abusos y garantice que están acogidos a los beneficios de nuestro sistema de protección social.
Hay pocas dudas al respecto. Primero, por razones éticas: en un país desarrollado y democrático, el trabajo ha de reunir requisitos mínimos en términos de seguridad, estabilidad y retribución. Pero, además, es un sofisma afirmar que la desregulación laboral y su consecuencia más directa, la explotación, generan riqueza como pretenden los ultraliberales: la integración y la igualdad estimulan la productividad, como están demostrando los economistas modernos.
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