La Política Agrícola Común (PAC) celebra este año su sexagésimo aniversario. Surgió tras la Segunda Guerra Mundial, en un momento donde una de las prioridades de Europa era conseguir el autoabastecimiento alimentario. Por ello, en 1962 Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo crearon ... esta primera y casi única gran política común europea. Solo dos décadas después se había alcanzado y superado la suficiencia alimentaria, siendo el nuevo problema el elevado coste de la gestión de los excedentes. España se incorporó en 1986, aunque la plena integración en esta política no se produjo hasta 1995, con un periodo transitorio que tuvo muchas luces, pero también sombras.

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A pesar de todo, han sido 36 años para España en los que pasamos de ser una país importador a exportador, se potenció la modernización agraria y nos hemos situado en la vanguardia mundial en muchos sectores como el vino, el aceite de oliva, el porcino, las frutas y hortalizas, etc. A pesar de todo, todavía quedan temas pendientes que afectan a España de forma especial. Por ejemplo, el excesivo envejecimiento del sector, la todavía escasa concentración productiva, o la existencia de una cadena alimentaria tensionada donde los precios en origen en muchos casos están en el límite de la rentabilidad de las explotaciones o incluso por debajo.

En la actualidad, la nueva PAC muy poco tiene que ver con aquella aprobada en el 62. En España, reciben ayudas de la PAC un total de 695.000 agricultores y ganaderos. El presupuesto total de esta política para el nuevo periodo asciende a 387.000 millones de euros, de los que el 12,3% corresponden a España, el tercer beneficiario de la UE. Como dato, en el año 2021 esta política europea ha dejado en Castilla y León 925,8 millones de euros, el 19% del total nacional, de los que el 88% ya ha llegado al bolsillo de los beneficiarios.

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