Cumbre climática en España: bueno para todos

Los últimos datos científicos sobre el cambio climático y las evidencias de su impacto en nuestro país pueden haber elevado la concienciación climática de los ciudadanos españoles. Los resultados de la reciente encuesta sobre las actitudes de los españoles frente al cambio climático realizada por el Real Instituto Elcano indican que los ciudadanos españoles tienen un nivel de concienciación ambiental alto, similar al de los países de nuestro entorno. El 37% de los españoles encuestados perciben el cambio climático como la mayor amenaza a la que se enfrenta el mundo, muy por encima de los conflictos armados (7%), la clase política (6%) o la situación económica (5%). Lo consecuente ante la evidencia científica y las actitudes de los ciudadanos es liderar la lucha contra el cambio climático. Hay que subrayar que los españoles apoyan esa lucha no sólo porque sea una amenaza para España, sino por considerarla una amenaza global.

Por otro lado, la diplomacia climática se ha convertido en un componente indispensable de la acción exterior de las democracias avanzadas y España no es una excepción. Ha sido uno de los países más activos en algunas cumbres climáticas determinantes, pero también ha actuado regionalmente. En la Unión Europea, España ha planteado objetivos ambiciosos y bien recibidos por la Comisión, y aspira a liderar la transición energética gracias a sus ventajas comparativas empresariales y naturales. En América Latina ha intentado acompañar la transición y la lucha contra el cambio climático tanto bilateralmente como a través de las Cumbres Iberoamericanas. Pero también mediante iniciativas menos conocidas, como la Red Iberoamericana de Oficinas de Cambio Climático (RIOCC), un ejemplo de manual de poder blando al servicio de un bien público global, o las múltiples asociaciones iberoamericanas en el campo energético, ambiental y climático, como la Asociación Iberoamericana de Entidades Reguladoras de la Energía (ARIAE), por centrarnos en el ámbito regulatorio. Mirando al sur, España alberga la secretaría de la Unión por el Mediterráneo, desde cuya sede en Barcelona se gestionan los proyectos ambientales y climáticos euromediterráneos.

En un momento de liderazgo necesariamente distribuido en la escena climática europea e internacional, España trabajará con el resto de Estados miembros en la COP25 –que seguirá siendo presidida por Chile– para impulsar las directrices de aplicación del mecanismo de cooperación voluntaria del Acuerdo de París, la revisión del Mecanismo de Pérdidas y Daños de Varsovia, el análisis del Programa de trabajo de Lima sobre género y el trabajo técnico sobre transparencia, tal y como se acordó en el Consejo Europeo del 4 de octubre. Siendo optimistas se podría aspirar a que la COP25 fuese un punto de inflexión en la acción climática concertada. Ello dependerá en parte de si España y la UE pueden activar la financiación climática. Por ejemplo, la experiencia europea en el análisis de sendas para la transición energética y el Plan de Acción sobre finanzas sostenibles podrían ser de utilidad para acompañar una descarbonización ordenada de China y de los países en que ésta desarrolla las grandes inversiones energéticas y de infraestructuras del proyecto denominado la Franja y la Ruta.

Pero para que la política climática constituya un vector de proyección exterior para una potencia media como España, también se requiere un consenso nacional. La literatura académica sugiere que albergar una cumbre climática puede ayudar a superar la oposición doméstica y desbloquear la aprobación de una Ley marco de Cambio Climático y Transición Energética. Si la acción exterior de una democracia avanzada se basa en alinear valores e intereses, acogiendo la COP25, España, además de mostrar su solidaridad con Chile y con la comunidad internacional, defiende sus valores y los de la UE, al tiempo que atiende las demandas de sus ciudadanos. Y sí, también responde a intereses nacionales fundamentales que van mucho más allá de los económicos, como la salud de los ciudadanos y su seguridad física. Amenazas que afectan a todos: el nivel del mar sube para Andalucía, Comunidad Valenciana y Cataluña, y afecta a sus deltas y zonas costeras sin reparar en fronteras; y las emisiones de gases y partículas afectan por igual a la salud de los habitantes de Bilbao, Madrid, Barcelona y muchas otras ciudades españolas. Lo mejor de las cumbres climáticas es que son de todos y, quizás más importante, para todos.