Cuenca también existe

El problema no ha surgido súbitamente. En 2008 entró en vigor la primera y aún inaplicada ley estatal para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural, que persigue, según su probo preámbulo «la mejora de la situación socioeconómica de la población de las zonas rurales y el acceso a unos servicios públicos suficientes y de calidad. Ni que decir tiene que, después de algunos escarceos, la norma naufragó en la crisis económica hasta convertirse en agua de borrajas. Porañadidura, cuando aquella ley de 2007 ya había perdido toda operatividad, se promulgó la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que bloqueó la capacidad de gasto de los municipios, y poco después se puso en marcha la Reforma de la Administración Local de 2013 orientada a la liquidación competencial y patrimonial de los municipios rurales.

En definitiva, las zonas rurales han llegado a cotas insoportables de desatención pública por falta de presencia activa del Estado. Y ha sido un gran aldabonazo la irrupción en la política española de Teruel Existe, un movimiento cívico que ha cosechado un éxito objetivo –ha obtenido un diputado y dos senadores–. Si para que una colectividad aislada, marginada y abandonada a su suerte adquiera voz es necesario prescindir de los partidos convencionales y recurrir a una 'coordinadora ciudadana', es que el modelo de que nos habíamos dotado no sirve.

Como era imaginable, tras Teruel Existe, ha surgido Cuenca Existe. Periodistas, abogados, deportistas, artistas, arquitectos y otros profesionales de disciplinas diversas con nexos en la provincia han firmado un Manifiesto por Cuenca que, en resumen, reclama inversiones públicas y pide a las autoridades incentivos para atraer inversión privada que garantice o al menos aminore los riesgos de decadencia que amenazan a la hermosa provincia castellanomanchega.

En los sistemas electorales mayoritarios, como el británico, cada parlamentario contrae con su circunscripción un compromiso real de colaboración y atención mutua, algo que aquí no sucede ni de lejos. Sería muy ilustrativa (y seguramente desoladora) una encuesta en que se preguntara a los ciudadanos de toda España el nombre de sus representantes provinciales en el Congreso y en el Senado. De donde se desprende que el concepto de representación es en España abstracto y teórico, así como que los partidos no han entendido cuál es su función constitucional. Nada menos que ser el cauce principal de representación de la ciudadanía.