El coste del 'procés' catalán

Con todo, aunque Junts y la CUP mantengan con radicalidad sus posiciones, es patente que la mayoría de los ciudadanos de Cataluña se ha caído del guindo y hoy considera amortizado aquel intento absurdo de precipitar la secesión mediante una simple manifestación declarativa, cuando era obvio que el Estado no iba a consentir semejante dislate, que, dígase lo que se diga, ni siquiera contaba con una mayoría suficiente que le diera alguna apariencia de verosimilitud. En el primer referéndum, el 9 de noviembre de 2014, los partidarios de la independencia alcanzaron solo el 27% del censo electoral según sus propias cifras. Y en las elecciones autonómicas del 2017 lograron el 37,4% del censo, proporción que bajó al 26,8% en 2021.

Dicho esto, y moderada la excitación política catalana gracias a los indultos -es difícil no coincidir en que este gesto, que pudo parecer claudicante, se ha demostrado ya un gran acierto pacificador, que ha permitido ganar tiempo en el camino inexorable de recuperación de la normalidad-, es hora de hacer balance de lo acontecido en términos económicos para que Cataluña vuelva cuanto antes a su senda, pilotada por sus instituciones propias y amparada por el paraguas autonómico, de vocación federalizante y por lo tanto redistributiva.

Los datos del efecto del procés en la economía catalana no son fáciles de obtener, pero Ferran Bruned i Cid ha publicado en 'Revista de Libros' un denso análisis en el que evalúa el coste de la confrontación, dividido en tres partidas. El coste directo del 'procés' alcanzaría 6.300 millones de euros al año (subvenciones de la Generalitat a los organizadores; subvenciones al sistema mediático; gastos de los departamentos de la Generalitat dedicados a la secesión y subvenciones a instituciones y agencias separatistas; competencias impropias que duplican las del Estado, entre ellas las embajadas).

El coste indirecto del 'procés' sería el derivado de la unidad de inversiones y empresas (en el periodo 2010-2018 la comunidad de Madrid recibió 3,5 veces más inversiones extranjeras que Cataluña; el año 2017 fueron cinco veces más; en 2018 fueron 15 veces más); reducción de las ventas catalanas al resto de España, estimable en un 5 % de las ventas, unos 2.000 millones de euros al año; grave y dolorosa fractura social, contrarias a la tradición catalana integradora y a las necesidades de una economía global basada en el conocimiento y las sinergias.

En tercer lugar, el coste de la no intervención del Estado español, aunque intangible, tiene sin embargo profundos efectos a medio y largo plazo y consiste, entre otras cuestiones en: desconfianza e inestabilidad, riesgo en incertidumbre; infierno fiscal que incita a huir a los paraísos fiscales; presión regulatoria; ninguneo del español en la educación y la administración.

En definitiva, concluye Brunet, «el coste tangible e intangible del 'procés' se expresa como brecha, gap o déficit entre el PIB de Cataluña sin el Procés y el PIB de Cataluña después de llevarlo a cabo».

Esta brecha expresa el coste de desafío separatista (merma de ventas, caída de inversiones, inestabilidad política) y se cifra en torno al 4,6 % del PIB y del empleo (respectivamente, 10.626 millones de euros y 117.000 empleos).

La relación entre Cataluña y Madrid ilumina la evidencia: «En 2019 Madrid superó a Cataluña en PIB -escribe Bruned-. Cataluña tiene un 14,4 % más de población que Madrid, la superficie catalana cuadruplica a la madrileña, pero su renta per cápita media es un 11,0 % inferior a la madrileña. Hay un gap o brecha permanente de PIB debido al diferente crecimiento acumulado de Cataluña y de la Comunidad de Madrid: la divergencia entre Cataluña y Madrid se ha abierto en un 11,2 %. 4,6 puntos de esos 11,2 puntos de distancia entre Cataluña y Madrid son efecto directo del procés separatista. El declive de Barcelona y Cataluña, y la polarización de la dinámica económica de España en Madrid, es una tendencia negativa para Cataluña y para España, e incluso para el mismo Madrid, que soporta los impactos de la centralización metropolitana».

No es extraño que el nacionalismo más consciente de ERC busque afanosamente el borrón y cuenta nueva.