Un cordón inconstitucional

La decisión conocida este viernes del Tribunal Constitucional (TC), por la que considera contrarias al artículo 23 de la Constitución la reducción de los tiempos de intervención y otras medidas destinadas a tender un cordón sanitario en el Parlamento Vasco en torno a Vox, recuerda que la Carta Magna garantiza «las condiciones de igualdad» en que los representantes de la ciudadanía han de desempeñar sus funciones, salvo que intervengan hechos delictivos perseguidos, entre otros, por el Código Penal o la Ley de Partidos.

La apelación al aislamiento de fuerzas políticas con presencia en las urnas y en las instituciones por parte de otras siempre tensa las costuras del normal funcionamiento de los sistemas democráticos. Sistemas que están llamados a incorporar al debate público las discrepancias ideológicas y políticas como emblema del pluralismo y no a excluirlas, una situación sobre la que precisamente el Parlamento vasco atesora una larga e intensa experiencia que ahora no parece haberse tenido en cuenta.

La sentencia del TC evidencia que la oposición a la estrategia y los mensajes de Vox no puede articularse forzando los usos de la democracia representativa, sino a través del legítimo juego del debate parlamentario.

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