El contrato intergeneracional

En esta tarea, no caben utopías. Tenemos que contar con la existencia de ciclos económicos, que parecen inherentes al desarrollo natural de las economías. Asimismo, la historia nos muestra que no estamos libres de convulsiones; aunque tengamos derecho a pensar que son irrepetibles sucesos tan dramáticos como las dos guerras mundiales del siglo pasado porque se supone que nuestra cultura se va perfeccionando y que cada vez será más natural resolver los conflictos por medios pacíficos (la democracia no es más que el método más civilizado de resolución de conflictos que el hombre ha inventado en su paso por la tierra), no podemos descartar incidentes en el camino. Pero si bajamos el punto de observación y descendemos de lo abstracto a lo concreto, debería incomodarnos en extremo que en esta larga etapa de paz civil que Occidente atraviesa desde 1945 (y que los españoles no disfrutamos completamente sino después de 1975), hayamos pasado del crecimiento y del desarrollo más o menos continuos, que han durado algo más de 60 años, a una etapa abrupta que arranca con la gran crisis de 2008 y que aún dura.

Este periodo complejo y conmocionante ha servido para confrontarnos con una realidad mucho menos brillante que la habíamos observado antes, cuando después de un largo periodo de bonanza apenas alterado por pequeñas oscilaciones críticas que nos hizo dudar de que siguieran existiendo los ciclos económicos omo se habían experimentado hasta entonces, nos vimos sobrecogidos por dos grandes cataclismos consecutivos: la ya mencioada crisis económica, financiera e inmobiliaria 2008-2014, y la gran crisis sanitaria que arranco en el primer trimestre de 2020 y todavía nos embarga en la actualidad, sin que haya un horizonte claro de recuperación.

La generación Y o del milenio (millennial generation), formada más o menos (no hay total consenso en los demógrafos e investigadores) por los nacidos entre los primeros años de la década de 1980 como principio del periodo y de mediados de la década de 1990 a principios de la de 2000 como final del periodo, se ha encontrado con un escenario desolador. De entrada, la deuda pública española -que es, obviamente, el legado que cada generación deja a al siguiente- había llegado a ser en 2007 del 36,8% del Producto Interior Bruto, tras un espectacular descenso desde mediados de los años noventa, pero en aquel año arrancó un rápido crecimiento que la llevó hasta el 101,0% en 2016, máximo histórico que comenzó a descender y que en 2019 era del 95,5%. Pues bien, según la Comisión Europea, la deuda pública española a finales de 2021 será del 122% y del 124% a finales de 2023, una vez sumados los gastos inversiones destinados a combatir la pandemia y a auspiciar la recuperación tras la profunda crisis provocada por el hundimiento de la movilidad.

A esta situación, se suma un ascenso vertiginoso de la automatización, la desaparición en gran medida de la economía sumergida (que no ha recibido ayudas para sostenerse) y un periodo de baja intensidad en la educación por las propias dificultades materiales de la coyuntura. El desempleo juvenil de menores de 25 años se mantiene en torno al 40%, y parece que el parece que el paro estructural tiende a incrementarse. En definitiva, dejamos a nuestros hijos altamente endeudados, con una formación de nuevo precaria, con escasas posibilidades de empleo y con salarios bajos por el excedente de oferta. Quizá debamos meditar si en estas condiciones es ético traer a este mundo nuevos encajadores sin haber medido con cuidado la calidad del país de mañana.