Construir la nación

El debate sobre la virtualidad de estas distinciones sigue abierto y probablemente no cese hasta que se refuercen y aclaren los conceptos utilizados, pero es muy difícil de negar la evidencia de que la descripción de los constituyentes dibuja algo muy semejante a un Estado federal, en el que la Nación es indivisible y depositaria de la soberanía, y los entes que la componen, tengan o no características diferenciales, gozan de autonomía. En este lenguaje. Alemania sería la 'nación' y Baviera la 'nacionalidad'.

Ocurre, sin embargo, que las palabras en este país transitan con una carga semántica que las subyuga con frecuencia, y en 1978 hablar de federalismo tenía unas connotaciones ideológicas inaceptables que nos retrotraían a la Primera República, al cantonalismo y al delirio. Tampoco las 'nacionalidades' que habían conseguido en distinto grado su reconocimiento durante la Segunda República -Cataluña, Euskadi, Galicia- vieron con buenos ojos aquella descentralización simétrica. que finalmente fue la que predominó cuando se impuso el 'café para todos' que resolvió algunos problemas pero que dejó otros en carnazón. Lo cierto es que, con los mimbres de la carta constitucional, se creó a trancas y barrancas un Estado de las autonomías que no es más que un federalismo altamente imperfecto.

En efecto, las comunidades autónomas españolas, igualadas en competencias por el pacto PP-PSOE de 1996 (con la excepción de los territorios forales que mantienen sus regímenes singulares), ejercen su autonomía con normalidad, pero no hay entre ellas suficientes mecanismos de coordinación. El más importante de todos ellos en los sistemas federales, que es la cámara territorial o cámara alta, en nuestro país es una institución inútil, que se limita a realizar una segunda lectura de las leyes meramente reflexiva pero en absoluto operativa puesto que en prácticamente todos los casos prevalece la posición final de la Cámara Baja (salvo en ocasiones singulares, como la aplicación del art. 155 CE).

La ausencia de instrumentos de coordinación llevó a Rodríguez Zapatero a idear la Conferencia de Presidentes, que no está institucionalizada por lo que sus decisiones políticas no tienen consistencia jurídica. Su utilidad ha sido manifiesta en la pandemia, ya que ha permitido coordinar las actuaciones de las comunidades, titulares de las competencias en materia de sanidad, con el liderazgo del Gobierno establecido por el estado de alarma, pero a la vista está que las propias comunidades, en un rapto de rivalidad absurda, han disputado sus atribuciones al Gobierno central hasta invalidar el sistema.

Basta echar una mirada a Alemania, que es un modelo federal del cual nuestra Constitución ha extraído numerosos aspectos, para entender que la conflictividad que aquí existe entre instituciones centrales y periféricas se resuelve precisamente gracias al Bundesrat -cuyos miembros son representantes no electivos, designados por los Lander- y a los mecanismos de coordinación que pacíficamente ponen en sintonía los distintos niveles territoriales.

Si a la descoordinación que padecemos, que dificulta objetivamente la lucha contra la pandemia, desorienta y desanima a los ciudadanos y debilita los mecanismos de defensa frente al virus, añadimos la evidencia de que tenemos un serio problema territorial irresuelto en Cataluña, llegaremos seguramente a la conclusión de que este país empieza a flaquear precisamente porque mantiene abierto uno de los aspectos clave de su propia entidad: el sistema de organización territorial. No debería demorarse una reforma inteligente convocada por los partidos constitucionalistas, que tendrían que realizar un esfuerzo sincero de atraer a las restantes fuerzas para conseguir el mayor consenso posible. Ya se sabe que, de momento, decir estas cosas es predicar en el desierto, pero no queda más remedio que repetirlas para tranquilizar a la propia conciencia.