La Comisión aprieta al agricultor

El Ministerio y los propios sectores implicados han estado trabajando intensamente al amparo de la norma actual para avanzar de forma sostenida en la reducción del uso de fitosanitarios, mediante el desarrollo de la agricultura de precisión, drones, o los numerosos avances en la gestión integrada de plagas (GIP), como lucha biológica y biotecnológica.

La Comisión entiende que esto va a suponer un coste para el agricultor, que se verá muy limitado en la disponibilidad de productos que combatan las plagas, malas hierbas y enfermedades. Por ello plantea compensaciones durante un periodo transitorio de cinco años. También propone potenciar el desarrollo de nuevas tecnologías biológicas, pero sin hacer una valoración real de cuáles son y cuándo se pueden poner en el mercado. La realidad es que en el momento actual no existen y que se tarda años, incluso décadas, en poder desarrollar estas nuevas herramientas.

Quizás habría tenido más sentido el promover el desarrollo de estos nuevos productos antes de dejar a los agricultores con una batería fitosanitaria muy reducida. Uno de los objetivos prioritarios es conseguir dotar de la mayor flexibilidad posible a los países a la hora de fijar criterios de aplicación que reconozcan sus singularidades. En particular en España, con una enorme diversidad climática, agronómica y de cultivos.