Colaboración PP-PSOE

La mayor anomalía que ha producido este sistema político que ya alcanza la madurez -hace más de cuatro décadas que aprobamos la Constitución- es el surgimiento tardío de una extrema derecha que durante este largo periodo ha permanecido represada y sin dar apenas señales explícitas de vida en el seno del Partido Popular. El hecho de que en la actualidad Vox, con sus 52 diputados, sea la tercera fuerza del país, dando lugar a una situación en que se presume que, si no cambian los equilibrios, el PP no podrá gobernar sin el apoyo de este grupo que le rebasa por estribor, es tan desconcertante como inquietante, porque tan indeseable es que un gobierno no tenga en democracia opción alternativa como que el PP llegue a la conclusión de que se ve forzado a transigir con Vox, lo que da como resultado una gravísima involución.

Ante esta situación, el PSOE ha efectuado tibias aproximaciones al PP en Andalucía y Madrid, comunidades autónomas en las está gobernando el PP gracias a Vox, que permitió las respectivas investiduras, y cuyo concurso es necesario para la elaboración de los presupuestos autonómicos y de otras leyes. En Alemania, pongamos por caso, la existencia de Alternativa para Alemania (AfD) y la escasa simpatía que suscita Die Linke, de extrema izquierda, han desembocado en la gran coalición entre socialcristianos y socialdemócratas. En España, la posibilidad es más remota, pero el hecho de que se excluya demasiado rotundamente refuerza a Vox e impide que el PP recupere el espacio perdido.

Las anomalías sistémicas que acaban de citarse tienen su contrapunto en el envejecimiento de la Constitución, sin cuya reforma tendrá muy mal arreglo el problema catalán -el federalismo consensuado podría ser la solución- ya que los independentistas siempre podrán esgrimir los privilegios vasco y navarro en defensa de una singularidad que difícilmente se les podrá otorgar por otras vías. La financiación de las CCAA y la elaboración de los presupuestos del Estado se aplican además a una heterogeneidad inmanejable, que habría que remediar mediante una reforma que tome como referencia el federalismo alemán.

Los anacronismos constitucionales -que incluyen la postergación de la mujer en la sucesión dinástica y la inviolabilidad del Monarca- no pueden repararse, se dice, por la falta de sintonía entre los grandes partidos. Sin embargo, estos grandes partidos se han puesto de acuerdo en horas en algo tan inverosímil como la selección de algunas personas totalmente inadecuadas para formar parte del Tribunal Constitucional -¡nada menos!-. La voz fría de Odón Elorza en la comisión de nombramientos, en que ponía en duda la idoneidad de candidatos que han tenido vínculos con personas que han jugado un papel destacado en los episodios recientes de corrupción, ha sido la solitaria referencia de una ética que parece no interesar cuando se habla del poder o de la influencia.

Este gran dislate tiene además un corolario inquietante: es totalmente incierto que el retraso de tres años en la renovación de los órganos constitucionales se haya debido al interés de unos y otros en acentuar la independencia del poder judicial, en la que nadie, a lo que se ve, cree en absoluto. La demora se ha debido a que el PP se resistía como gato panza arriba a un trámite que le privaría de una influencia notoria en la justicia.

Viendo el panorama, acuden aquellas palabras que el 9 de septiembre de 1931, en pleno debate constitucional, publicó Ortega en el diario 'Crisol' en que advirtió que «una cantidad inmensa de españoles que colaboraron con el advenimiento de la República con su acción, con su voto o con lo que es más eficaz que todo esto, con su esperanza, se dicen ahora entre desasosegados y descontentos: ¡No es esto, no es esto! La República es una cosa. El radicalismo es otra. Si no, al tiempo». No estamos en tales límites pero sí en una situación de grave insolvencia estructural que habría que reparar.