Ciudades medias: ¿Crisis u oportunidad?

Abierta la reflexión a las comprobaciones empíricas que ratifiquen el sentido de una u otra tendencia corto y medio plazo, el tema adquiere una notable relevancia en un momento especialmente decisivo, como es el que apunta al desencadenamiento de transformaciones económicas, espaciales y socio-laborales de gran envergadura en coherencia con las reflexiones, actitudes y exigencias provocadas por la era postcovid, por las lecciones y advertencias de ella extraídas, y por las pautas de actuación asociadas la transición ecológica, que se muestra inexorable, con los efectos socio-económicos y espaciales derivados que ha de traer consigo.

Es evidente que ese proceso de transformación encuentra en las ciudades su campo de experimentación más significativo. No en vano las grandes aglomeraciones conllevan, proporcionalmente en relación con su tamaño, un elevado consumo de suelo y de energía a la par que aumentan su capacidad de impacto ecológico en función de la magnitud de los vertidos y las agresiones producidas a gran escala sobre el medio ambiente. Son aspectos críticos a los que hay que sumar los impactos negativos provocados sobre la calidad de vida de la población debido a problemas inherentes a las escalas urbanas de gran dimensión como son los que tienen que ver con la intensidad y congestión de los desplazamientos, con la conciliación de actividades, con el encarecimiento de la vivienda o con la acentuación de las desigualdades, entre otros muchos.

Aparecen, en cualquier caso, sumidos en la contradicción que resulta de contraponer sus posibilidades como espacios de crecimiento económico ya consolidado y como lugares de asentamiento de servicios y centros de dirección de primer nivel, con los condicionamientos y servidumbres que acompañan a los procesos de aglomeración, limitativos cuando se trata de acometer actuaciones correctoras de los problemas existentes y de acomodar sus estrategias a los requisitos que imponen los objetivos propios de la sostenibilidad.

No sorprende que ante este escenario parezca convincente y oportuna la necesidad de llamar la atención acerca el margen de posibilidades que, como opciones alternativas tanto desde el punto de vista del trabajo como residencial, presentan las ciudades en las que los problemas señalados –en virtud de la escala dimensional más racional en la que se plantean y pudieran resolverse– revisten menor gravedad. Quizá pueda parecer excesivo presentarlas de manera genérica como escenarios alternativos en un horizonte cercano, en virtud de las inercias que inducen al mantenimiento del modelo dominante y de las insuficiencias que la mayor parte de ellas presentan desde el punto de vista estratégico para acreditar, con perspectivas de ser tenidas en cuenta, sus potenciales ventajas comparativas, con frecuencia tan ignoradas como infrautilizadas.

Constituye un gran desafío, que conviene valorar en toda su dimensión para ser asumido por parte de los órganos responsables de la gestión de la ciudad y de la definición de sus orientaciones estratégicas. En este sentido no son desestimables los debates que están teniendo lugar en algunos países de la Unión Europea, en los que no son aisladas las voces que, de manera documentada y con cifras en la mano, dan a conocer las expectativas potencialmente ofrecidas por las ciudades situadas en un umbral de población entre los 10.000 y los 150.000 habitantes, aunque estos límites varían en función de los respectivos contextos territoriales.

Más allá de estos umbrales se trata de identificar la importancia económico-espacial de este nivel urbano intermedio, que opera como eslabón de transición entre las grandes áreas metropolitanas y los espacios adscritos a los parámetros propios del mundo rural. Se trata de una categoría que emerge con fuerza en el panorama de las políticas públicas urbanas que preconizan la necesidad de fortalecer el conjunto de ciudades susceptibles de asegurar una mayor calidad de vida sobre la base de su capacidad para configurar espacios urbanos inclusivos, seguros, innovadores y sostenibles, lo que obliga a una adaptación de las políticas públicas para asumir con garantías los compromisos que esos objetivos implican a la par que fortalecen su capacidad de acción con vistas a lograr avances significativos a favor de un mayor equilibrio y mejor aprovechamiento integral del territorio.

Ante este escenario no es ocioso aludir al margen de posibilidades que tal vez pudieran abrirse para las ciudades de Castilla y León, donde este rango urbano presenta potencialidades aún no debidamente aprovechadas.