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La acometida de la covid-19, absolutamente imprevisible aunque hubiera habido avisos intermitentes sobre la posibilidad de que se desencadenara una pandemia de esta naturaleza, obligará como es lógico a replantear por completo las políticas sanitarias de todos los países dada la evidencia de que ... la inmensa mayoría de ellos no estaba realmente preparada para prevenir la epidemia, ni para plantarle cara con eficacia. Los países tecnológicamente más avanzados, como Alemania, han seguido la pauta de Corea del Sur y de Taiwan y han logrado eludir el confinamiento de toda la población por el procedimiento de detectar a los infectados y perseguir la cadena de contagios, pero en general ha sido preciso combatir el virus mediante el aislamiento de la mayor parte de la ciudadanía, con el desastre económico que tal parálisis ha provocado.
Nuestra sanidad, que pasa por ser una de las mejores del mundo, fue relegada en las últimas décadas, de forma que había pasado de consumir el 7% del PIB al 6%, y ha tenido grandes dificultades para adaptarse a la especificidad de la pandemia, que ha requerido la disponibilidad de un gran número de UCI con respiradores para tratar las complicaciones pulmonares de los infectados. No es momento ni de exigir responsabilidades antiguas, ni de planear a toda prisa las rectificaciones procedentes, pero sí de comenzar a tomar conciencia de que nuestro país no puede seguir de espaldas a la ciencia, en un puesto cada vez más deshonroso de los rankings mundiales sobre la materia.
Josep Samitier, presidente de la Asociación Catalana de Entidades de Investigación (ACER) y director del Instituto de Bioingeniería de Cataluña (IBEC), ha efectuado una contribución a un ciclo del Círculo de Economía de Cataluña en la que llama la atención sobre el desinterés del Estado español en materia de investigación y desarrollo. Según datos recién publicados, el sector público estatal invirtió en I+D en 2019 2.995 millones de euros, el 46,4% del presupuesto disponible (6.366 millones). Esto se debe -explica Samitier- a que la mitad del presupuesto es en créditos a devolver que no son absorbidos por las entidades de investigación y las empresas, ya que están pensados para una devolución a corto plazo. Y algo parecido ocurre todos los años. Son, pues, instrumentos financieros que no se adecúan a las necesidades de los investigadores.
En definitiva, la aportación pública estatal a I+D ha sido de 64 euros al año 'per capita' en 2019. En los fallidos presupuestos del 2020, esa cantidad crecía el 5% (en Cataluña, la aportación conjunta del Estado y de la Generalitat alcanza los 130 euros 'per capita'). En Europa, la inversión en I+D es de 620 euros per capita, de los que el 33% es dinero público (204 euros). La distancia es, como se ve, abismal. Y el problema ya no puede resolverse con más retórica.
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