El CGPJ del PP

El artículo decimotercero prescribía que «La elección se llevará a cabo mediante voto personal, igual, directo y secreto, admitiéndose el voto por correo. Deberá convocarse con tres meses de antelación a la terminación del mandato del Consejo. La circunscripción electoral será única para todo el territorio nacional». El artículo decimocuarto especificaba cómo se presentaban las candidaturas.

Aquel procedimiento fue utilizado una sola vez, ya que la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial establecía el modelo actual, en que todos los miembros del Consejo, tanto los de procedencia judicial como los de designación por el congreso y por el senado, deben ser elegidos por las cámaras.

El artículo 567 de la norma de 1985 decía textualmente: «1. Los veinte vocales del Consejo General del Poder Judicial serán designados por las Cortes Generales del modo establecido en la Constitución y en la presente Ley Orgánica, atendiendo al principio de presencia paritaria entre hombres y mujeres. 2. Cada una de las Cámaras elegirá, por mayoría de tres quintos de sus miembros, a diez vocales, cuatro entre juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio en su profesión y seis correspondientes al turno judicial, conforme a lo previsto en el Capítulo II del presente Título».

Desde 1985 han gobernado el PP y el PSOE, y aunque ambos partidos han efectuado reformas de menor cuantía en la LOPJ, ninguno ha tenido la idea de que los jueces vuelvan a elegir directamente a sus representantes en el Consejo. La última reforma fue de Rajoy, con Gallardón en Justicia, y aunque inicialmente el ministro pensaba recuperar la votación directa de los jueces, Rajoy impuso el continuismo. Es decir, la batalla que mantiene Casado contra el sistema descalifica una ley del PP.

Este lunes se ha publicado en Madrid un artículo didáctico de sumo interés, 'Jueces elegidos por jueces', en el que se pasa revista a los sistemas de elección del poder judicial en las grandes democracias. Y le conclusión es simple: la elección suele ser encomendada a órganos en los que no hay mayoría de jueces, salvo en Italia, donde existe un Consejo Superior de la Magistratura, cuya presidencia recae en el presidente de la República. Se compone de una mayoría de jueces designados por sus pares, junto con ocho miembros elegidos por diputados y senadores entre personas procedentes de la abogacía o de las cátedras de derecho. Una mayoría, por tanto, de «jueces elegidos por jueces». Pero eso no ocurre en ningún otro país. Incluso en Bélgica, patria del actual comisario de Justicia, que tanto se cita en estos días, el órgano elector no cuenta con mayoría de jueces.

Lo que caracteriza a las democracias maduras es la consistencia de sus ordenamientos. En España, el sistema de elección ha funcionado bien, con deficiencias no esenciales que son sin embargo culpa de los políticos y no del modelo: el apoyo cualificado se consigue mediante cupos (mediante intercambio de apoyos) y no haciéndolo recaer sobre personas que disfruten verdaderamente de apoyo transversal, de prestigio en la derecha y en la izquierda. Y nada nos garantiza que otro sistema distinto mejoraría el equilibro resultante.

Indecencias como la que acaba de declarar Enrique López, en el sentido de que la magistratura apoya muy mayoritariamente al PP, no facilitan precisamente la búsqueda de la independencia judicial mediante la endogamia. Y desde luego, la actitud del PP, que se niega a negociar la renovación porque perdería una importante cuota de poder en el ámbito judicial, no garantiza que el cambio pretendido pudiera ser favorable al pluralismo y a la diversidad.

En definitiva, es claro que la cerrazón del PP deteriora el sistema y que la historia exigirá a los conservadores de Casado una rendición de cuentas por el deterioro constitucional que se está produciendo.