En mayo de 1991 y contraviniendo informes de comisiones internacionales, el Gobierno de España, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Córdoba entregaron a la piqueta el palacio imperial romano que el emperador Maximiano Hercúleo levantó en Patricia Corduba, entre los años 293 y ... 305. Ocho hectáreas palaciegas, erigidas para establecer la sede de la Antigua Roma en Hispaniarum, fueron demolidas para construir una estación del Ave por la que había de pasar el tren, camino a la Expo de Sevilla y olé. Los arqueólogos, que hoy recuerdan aquella atrocidad en las jornadas 'Cercadilla, la pérdida de la inocencia', hicieron lo imposible para impedir la barbarie.
Por entonces, Felipe González no le prestó mucha atención al asunto: se asomaba al inicio del fin de sus 'cien años de honradez y firmeza', con la dimisión de Alfonso Guerra y el caso Filesa. Ni el entonces presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, ni su consejero de Cultura, Juan Manuel Suárez Japón, abrieron la boca ante la destrucción del yacimiento de Cercadilla, que incluía, además del palacio, circo romano, teatro, anfiteatro, templo, mosaicos, etc.
Eso sí: en 1997, cuando ya no quedaba piedra sobre piedra, los restos fueron declarados Bien de Interés Cultural. Ministerios y consejerías –al menos los españoles– han sido siempre sitios donde han podido reunirse los mayores cutres, zafios e ignorantes que el sistema político va dejando en los sillones. Que no se nos olvide en manos de quiénes estamos, Amore.
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