Ahora que el Gobierno y el PP han cerrado el acuerdo para renovar cuatro de los órganos constitucionales cuyo mandato estaba caducado (Tribunal Constitucional, Defensor del Pueblo, Tribunal de Cuentas y Agencia de Protección de Datos), ya no quedan dudas de que la partidocracia ha ... asaltado el poder. Los funambulismos lingüísticos que emplean unos y otros, rojos y azules, izquierdas (supuestas) y derechas (supuestas), para justificar los nombramientos representan la mejor muestra del menosprecio que infligen sobre una ciudadanía anestesiada, acostumbrada a tragarse e incluso obviar los simplistas argumentos de quienes en público predican el ejemplo y en privado designan jueces como quien intercambia cartas Pokémon.
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A falta de que se consume el gran acuerdo con los relevos en el Consejo General del Poder Judicial, socialistas y populares cierran filas –ahora sí– para aliviar el hedor que desprenden los nombramientos. Cuántas dificultades para alcanzar grandes pactos de Estado en materias sensibles, como la educación o la fiscalidad, cuántos impedimentos para unir fuerzas en un momento dramático como el provocado por la pandemia, y qué poca resistencia cuando se trata de salvarse a sí mismos. Tras el tira y afloja de los últimos meses, les ha bastado una semana para elegir a los 'mejores'.
La separación de poderes ha quedado reducida a cenizas, a un mero panfleto que nadie mínimamente ilustrado pueda reconocer en la España de hoy. Y me pregunto, ¿dónde están los jueces? Quizá ahora cobra sentido aquello de que los jueces que son elegidos por los políticos tienden a actuar como ellos.
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