Celebración dividida

El incumplimiento de la Constitución en cuanto a la renovación del Consejo General del Poder Judicial puede ser reprochable. Pero en ningún caso ha de utilizarse para situar al PP fuera del consenso constitucional. La preocupación por que «los partidos que nunca han aceptado la Constitución sean hoy los aliados del Gobierno» es razonable. Pero en ningún caso puede deslizarse hacia la deslegitimación del Ejecutivo.

Por su parte, las invocaciones de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, al buen uso de la palabra en el Parlamento, para que sirva «para construir, no para zaherir», advierte del daño que las descalificaciones personales hacen a la política en su percepción por los ciudadanos. Pero el parlamentarismo y las propias leyes se están resintiendo también del abusivo recurso a la tramitación exprés de iniciativas legislativas por parte de los partidos de la coalición gubernamental.

En ese sentido, el presidente Sánchez quiso aprovechar incomprensiblemente la jornada de ayer para mostrar su resuelta actitud al referirse a la modificación del delito de malversación para el caso juzgado de los responsables del 'procés'. Se trata más de un desafío político dirigido a tensar la cuerda respecto a la oposición tras la revisión del delito de sedición que un requisito impuesto por sus socios catalanes.

Entre otras razones porque resulta constitucionalmente imposible eximir supuestos de malversación porque se considere un mal menor el uso irregular de fondos públicos cuando se persiguen objetivos políticos que, además, no tienen encaje legal. Una iniciativa la de Pedro Sánchez que en fondo y forma contribuirá a la polarización y en absoluto a ese mínimo entendimiento que precisan las instituciones de la Constitución.