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El Supremo desestimó el recurso de casación interpuesto por el presidente de la Generalitat, Quim Torra, contra la sentencia de inhabilitación dictada por la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a causa de no haber obedecido de inmediato una providencia de la ... Junta Electoral Central en plena campaña. Aunque el independentismo catalán insistiese también ayer en que Torra ha sido inhabilitado por hacer uso de la libertad de expresión, la sentencia del TSJC se debió a que había empleado la fachada del palacio de gobierno autonómico para hacer publicidad de una causa –la «libertad de los presos políticos»– que sesgaba la institución durante las elecciones. Además, como recuerda el auto del Supremo, lo hizo desatendiendo de manera «contumaz y obstinada» el requerimiento expreso de la Junta Electoral. Llegados a este punto, la gobernación de la autonomía catalana requeriría una inmediata convocatoria de elecciones. Pero es de temer que el independentismo, aun estando dividido de manera irreversible, establezca una entente para prolongar la situación de interinidad que suceda a la provisionalidad que ya encarnaba el propio Torra. Que una vez más los secesionistas den muestras de que conciben las instituciones de la Generalitat como si se tratara de su dominio exclusivo, despreciando no ya las reclamaciones del resto de grupos parlamentarios sino eludiendo un mínimo sentido de la responsabilidad institucional.
Si se aferran, como parece, a las previsiones legales de sustituir al presidente inhabilitado por Pere Aragonès, de proceder a continuación al trámite de consulta parlamentaria para la posible designación de un nuevo presidente autonómico, para acabar reconociendo que el independentismo no está en condiciones de articular una mayoría de gobierno sin nuevas elecciones, se deberá a que ni ERC, ni JxCat, ni el PDeCAT, ni siquiera la CUP se ven en situación de medir sus fuerzas con el resto del independentismo. Cuatro o cinco meses más de desgobierno en Cataluña para arribar a unos comicios autonómicos de muy incierto resultado perjudicará muy seriamente a la estabilidad política y a la recuperación económica y social que requiere aquella comunidad. Con la agravante de que tampoco hay garantía ninguna de que una parte del independentismo aproveche ese tiempo para moderarse y dirigir sus pasos hacia una política acorde a la legalidad constitucional, al entendimiento con los no-nacionalistas en Cataluña y al encuentro con el resto de la España democrática.
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