«Nadie está por encima de la ley». En eso ha querido resumir Isabel Perelló, la flamante nueva presidenta del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, su discurso de apertura del año judicial. No se sabe si como advertencia o como ... declaración de principios. En todo caso, como anuncio de lo que pretende ser un impulso nuevo en la defensa de la separación de poderes y de la independencia judicial. Un cambio de rumbo en el ominoso proceso de devaluación democrática que vive España en los últimos años.
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Isabel Perelló ya ha hecho historia al ser la primera mujer que accede al gobierno de los jueces. Y ella misma lo ha hecho notar desmontando con datos esa caricatura a la que algunos políticos todavía se empeñan en reducir a los jueces españoles: mayoritariamente hombres, mayores y retrógrados. Nada más lejos de la realidad. Ahora tendremos que ver, en el arranque de un nuevo curso con un panorama político, judicial y mediático incendiado, hasta dónde podrá seguir rompiendo moldes. No lo va a tener fácil.
No lo va a tener fácil por el acoso, desde fuera, del Gobierno. Pero tampoco por la presión, desde dentro, de otras instituciones y organismos judiciales que desde el primer momento sabe que ya tiene enfrente. Enfrente está, por ejemplo, el Tribunal Constitucional, donde van a seguir terminando muchos de los conflictos políticos actuales, con una presidencia de Cándido Conde Pumpido que ha dado muestras de parcialidad más que suficientes en el corto espacio de tiempo en el que lleva ejerciéndola. Y también enfrente, aunque en la foto apareciera a su lado, al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que tiene pendiente el pronunciamiento de la sala segunda del Supremo sobre la petición de investigación, por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, a raíz de la querella presentada por Alberto González Amador, la pareja de la presidenta Ayuso. De momento, en su discurso de apertura del año judicial, García Ortiz ya se aplicó en reivindicar la independencia de la fiscalía con respecto a la judicatura, empezando por atacar abiertamente la figura de la acusación popular, en plena vigencia de la investigación por el caso de Begoña Gómez, la mujer del presidente Sánchez.
No lo va a tener fácil Isabel Perelló, lo mismo que el resto de nuevos miembros del CGPJ, para imponer el imperio de la ley frente a la marejada política. Y ojalá la ruptura del encastillamiento del anterior consejo no desemboque demasiado pronto en un auténtico enfrentamiento entre instancias judiciales, empezando por la herida abierta con la ley de amnistía, que tendrá prolongación con los recursos de inconstitucionalidad por la financiación excepcional de Cataluña, que tiene completamente revueltos a los partidos políticos en esta comunidad, y en pie de guerra a la mayoría de los presidentes del resto de las autonomías. Sed lex, dura lex. Nada más (y nada menos) que eso, dice la nueva presidenta del CGPJ. Y sobre eso, la defensa de la independencia y el poder de los jueces, que llevan en cacería abierto demasiado tiempo.
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Aunque en Valladolid no somos muy conscientes, envueltos hasta el martes en los vapores de las fiestas, lo cierto es que el curso ha empezado fuerte. Mientras todo esto sucede, el presidente Sánchez, con su particular habilidad para mover lo aparentemente inamovible, ya ha comenzado eso que él llama «renovación interna» en su partido, y que no es otra cosa que una primera caza de brujas con vistas al XLI congreso federal de noviembre/diciembre. Congreso ordinario al límite de lo extraordinario, en una nueva maniobra, la enésima, por volver a revertir, una vez más, la caída en picado de la intención de voto hacia el bloque gubernamental. Septiembre inusualmente fresco que anuncia un cálido, quizás tórrido otoño. No solo por el cambio climático.
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