Reformas constitucionales

Si no fuera porque sabemos que cada paso que da, con el auxilio impagable de Vox, contribuye más y más a seguir manteniendo a Pedro Sánchez al frente del Gobierno (el último CIS ya pone a los socialistas dos puntos por delante de los populares), me preguntaría cómo es posible que Alberto Núñez Feijóo se haya prestado a sumarse a esta jocunda puesta en escena. A este acuerdo desfasado que debería haberse aprobado mucho antes, con algo más de éxito semántico y con la misma naturalidad con que se aprobaron las otras dos modificaciones anteriores de la Carta Magna: la de 1992 y la de 2011.

En verdad, ¿esto es todo lo que tenemos que cambiar por consenso sobre la redacción de la Constitución del 78? Parece ser que sí, porque ahora que Sánchez, en su campaña de destrucción del significado de las palabras, se ha dado cuenta de que el texto de la Carta Magna es una letra que se puede cantar con la música que a uno le venga en gana, la fórmula es sencilla: vender cada palabra como un nuevo avance de la sociedad, como un éxito de eso que él llama «la política». Y dejarse vitorear por el graderío. Y entre tanto, distraídos en la exaltación del populismo lingüístico, olvidarnos de lo trascendente: leyes y nuevas leyes desaforadas, desafortunadas, injustas, dudosamente democráticas, destinadas a embaucar a ciudadanos que pensamos que lo entendemos todo, porque en el fondo no entendemos nada.

¿Qué ocurriría si de verdad se discutieran en el Parlamento dos conceptos del mismo preámbulo de nuestra Carta Magna como «nación» o «soberanía», hoy completamente desplazados de su significado original? No será necesario, porque cada cual ya tiene la opción de interpretar estos términos como más le convenga. Igual, digo yo, si en vez de los políticos tuvieran que trabajar en esto de la reforma constitucional los lingüistas, el siguiente cambio, en puridad, tendría que ser el de sustituir las ocho veces que el texto del 78 habla de «democrático» o «democrática» (ninguna de democracia) por «demagógico» o «demagógica». Lo mismo nos convencían a todos y nos lanzábamos a aplaudir el progreso en el Parlamento, en las calles, en los bares, en las casas. En una gran fiesta de la desestructuración.

Aunque se haga tarde y mal, quitar la palabra «disminuido» de la Constitución era una necesidad. Pero el resultado no es en absoluto un alarde digno de presentarse ante la sociedad como un gran acuerdo de Estado. Puestos a reunir en la cumbre al colocado jefe del Gobierno y al descolocado jefe de la Oposición, lo mismo habría que pedirles un consenso de altura, un acuerdo de verdadera política, más allá incluso que la solución al problema del poder judicial: cambiar juntos una Ley de Educación que no permita a las próximas generaciones ser tan pánfilos como nosotros. Pero eso no sucederá, me temo. Es mejor disminuirnos con juegos de palabras.