Laura Borràs, tras ser condenada a cuatro años y medio de prisión por el TSJC. EP
El avisador

Justicias

«Vivimos en un continuo sobresalto, en una duda perpetua, en un si es o no es, sobre el propio sentido de la ley y de su aplicación por parte de los tribunales»

Carlos Aganzo

Valladolid

Sábado, 1 de abril 2023, 00:00

Sandra del Pilar es colombiana. Tiene 52, y ha cumplido ya cuatro de los 13 años y ocho meses de cárcel a los que está condenada por haber robado un pollo para su hijo en 2019. Espera un indulto, que seguramente no llegará. Sandra del ... Pilar dice que la justicia colombiana no es justicia. Qué diferente, piensa, de lo que ocurre en otras partes del mundo, como en España, donde una fugada de la justicia puede regresar tranquilamente a su casa sin que la policía la detenga, declarando que viene a «plantar cara» a su Estado y denunciando ante los periodistas la «vulneración sistemática» de sus derechos, como ha hecho una tal Clara Ponsatí.

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O en Brasil, donde un tal Jail Bolsonaro, prófugo también de los tribunales, puede hacer lo propio arropado por multitudes que le aclaman como presidente, en lugar de pedir que le apliquen la ley como a los demás... Hay días en los que Sandra del Pilar piensa que en el mundo hay una justicia para los ricos y otra para los pobres. Y a lo mejor no se equivoca.

Más difícil de interpretar todavía para Sandra del Pilar resulta un caso como el de Laura Borràs, una mujer prácticamente de su edad que acaba de recibir una sentencia que la condena a cuatro años y medio de cárcel por corrupción, pero que en el mismo texto redactado por el juez se plantea ya el indulto, para evitar que pise la prisión. Ya no se trata de que un político pueda indultar a otro por intereses de partido o cálculos de resistencia en el poder, sino que la excepción viene ya impuesta desde el propio sistema judicial. Es digno de ser tenido en cuenta, en todo caso, puestos a comparar.

Lo que ya no sabemos es lo que pensará Sandra del Pilar cuando le cuenten el caso del general Pérez de los Cobos, apartado de su cargo por una «interferencia» inadmisible del ministro del Interior en el desempeño de sus tareas. Y que ahora nadie sabe cómo le van a tener que rehabilitar en su puesto, ni qué consecuencias puede tener para el que interfirió de manera «ilegal» en su trabajo. En la escala de valores de unos y de otros, robar un pollo parece mucho más peligroso socialmente que apropiarse de manera indebida de recursos públicos o que tomar decisiones sobre terceros no sujetas a derecho. Eso que alguna vez se llamó prevaricar.

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Hay justicias y justicias, dice Sandra del Pilar. Y tiene toda la razón. Pero no hay que irse necesariamente a Colombia para denunciar las contradicciones de los sistemas. En España, le diríamos, hace unos cuantos años, al menos los que dura la última legislatura, que vivimos en un continuo sobresalto, en una duda perpetua, en un si es o no es sobre el propio sentido de la ley y de su aplicación por parte de los tribunales. La penúltima controversia: la consideración de lo que unos llaman gestación subrogada y otros vientres de alquiler. Un derecho fundamental o un delito grave contra las mujeres, según se mire. Una controversia legal, en todo caso, que permite que una mujer de 68 años pueda ser madre de un hijo gestado por otra, al mismo tiempo que obliga a un candidato a renunciar a su candidatura para las próximas elecciones tras haberse conocido las mismas condiciones de su paternidad… Todo, en cualquier caso, para que estemos pendientes de la verdad última de nuestros principios éticos y no perdamos tiempo en pensar en asuntos más palmarios. Es lo que hay. Mientras Sandra del Pilar sigue en la cárcel por lo del pollo, nosotros nos vamos felices una vez más de vacaciones de Semana Santa. Diga lo que diga el pollo sobre la diferencia entre inflación real e inflación subyacente.

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