Los caminos de Cataluña

La conciliación entre la Constitución de 1978 y los dos objetivos declarados por los independentistas, tanto de ERC como de Junts -referéndum de autodeterminación y amnistía- es aparentemente imposible. Ninguna Constitución democrática del mundo contiene previsiones sobre una hipotética fractura del Estado, y no cabe en la ley de leyes española una medida de gracia colectiva (el indulto con intención pacificadora ya ha tenido lugar, y se nota: aunque algunos de los beneficiarios de la medida exhiban con agresividad la integridad de sus convicciones rupturistas, la sociedad catalana ha cambiado su punto de vista y ya ve quién va de buena fe a por la paz y quién no).

En consecuencia, pocos se han atrevido a marcar un camino posible hacia un desenlace verosímil. ¿Cuál debería ser la estrategia de los interlocutores para conseguir en el horizonte, no escorzado todavía, un acuerdo sostenible y lo bastante firme para dejar de ser un conflicto permanente? ¿Sobre qué bases y criterios se podría forjar tal acuerdo si, en principio, los objetivos declarados y primarios son incompatibles?

Pocos se han atrevido a ofrecer respuestas a estas cuestiones, y entre ellos Jordi Sevilla, que en Twitter ha comentado una frase de Sánchez a Aragonés en relación a la Mesa: «Esto va en serio, no es para ganar tiempo». Sevilla responde: «Si 'esto va en serio' solo veo, al final de un proceso de negociación y para convencer al resto de España: 1. Nueva adicional a la Constitución sobre excepcionalidad catalana (referéndum en toda España). 2. Un nuevo Estatut en ese marco (referéndum catalán). Años».

La fórmula no es nueva, constituye una de las soluciones conocidas al contencioso y quien firma estas líneas la ha traído varias veces a los medios. En realidad, la fórmula fue primero enunciada con maestría jurídica por Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, y en marzo de 2018, 'La Vanguardia' publicó una encuesta de GAD3 en la que se acreditaba que casi el 67% de los españoles eran partidarios, para resolver el conflicto, de una reforma constitucional votada por todos los españoles que permitiera un nuevo estatuto catalán con delimitación clara de competencias. La fórmula que menciona Sevilla es más simple pero menos clara: en lugar de reformar el Título VIII, se añadiría una disposición adicional dedicada a Cataluña, semejante a la que preserva los derechos históricos de vascos y navarros. Quizá fuera más fácil optar por un desarrollo federal y no por una extensión de unos privilegios ya concedidos.

De hecho, cuando Maragall, presidente de Cataluña desde 2003, planteó la reforma del Estatuto en los términos de un exótico federalismo asimétrico, ya se sabía que el resultado difícilmente cabría en la Carta Magna. Aquella fórmula hubiera requerido una previa reforma constitucional para legitimarse, y no se quiso acometer por las dificultades que presentaba, y que hubieran podido desembocar en frustración.

La reforma constitucional sigue, pues, pendiente, y sin ella, sin una caracterización para Cataluña, el conflicto podría eternizarse. Pero quizá habría que abordar el asunto con más coraje y marchar directamente hacia un Estado federal, que dé sentido a la cámara alta y que nos asemeje a uno de los países que mejor funcionan de Europa: Alemania. En definitiva, habrá que ver si Cataluña quiere ser una anomalía foralista o si prefiere ser Baviera en un estado todo él moderno y competitivo.