Breves apuntes antinacionalistas

Este recurso a la historia –la milenaria antigüedad presta, por lo que se ve, una pátina de respetabilidad a cualquier reivindicación– es, no obstante, lo contrario a lo que la modernidad política ha venido proponiendo. Cierto es que en los regímenes anteriores a la Revolución Francesa lo que contaba era la tradición histórica. Las monarquías prerrevolucionarias basaban su legitimidad en el sometimiento de los súbditos. Para explicar dicho sometimiento los reyes recurrían a la sucesión dinástica. La existencia de un determinado reino o región se fundamentaba, así, en la tradición.

Con la llegada de la Ilustración –y su corolario, la Revolución Francesa– las justificaciones cambiaron. Ya no era la tradición la que fundaba el reino, sino el pacto racional de los ciudadanos libremente unidos. Esto quedaba claramente explicitado en los opúsculos kantianos sobre política. En la práctica, fue la Declaración de Independencia de los Estados Unidos el primer documento político donde tales ideas quedaban escritas: «Se instituyen entre los hombres los gobiernos, que derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados». Ya no valía la antigüedad ni el recurso a la tradición. El pacto político era un pacto nuevo entre ciudadanos libres e iguales, como bien señaló Kant.

Betrand Russell solía decir que la Humanidad avanza dos pasos e inmediatamente retrocede uno. Así, se explica que en el Romanticismo –tan creativo en algunos aspectos– la teoría política diera un giro de 180 grados y volviera, en muchos casos, la vista a la tradición. La recuperación de las tradiciones (en muchos casos, la invención de las mismas) condujo también a la justificación política de las naciones tradicionales. Volvía a ser importante no el pacto político de los ciudadanos, sino la historia que, decían, justificaba la existencia de la nación, y en algunos casos, daba lugar a la creación de nuevas naciones. Esto explica que todo nacionalismo sea tradicionalismo (y reaccionarismo). El reaccionario recurre a la nostalgia de una Edad de Oro que nunca existió para pedir el regreso a postulados políticos, éticos o sociales que ya han sido superados por la sociedad. Los nacionalistas son el ejemplo perfecto de dicha especie política, pues no dejan de recurrir a ese supuesto pasado más o menos glorioso de la nación inventada (en acertada expresión de Benedict Anderson).

Quizás no todos los firmantes del manifiesto por la comunidad autónoma de León sean nacionalistas en sentido estricto. Sin embargo, la llamada a la extensa historia de la región apunta, siquiera sea de manera inconsciente, a una justificación política premoderna, o lo que es lo mismo, como vengo diciendo, basada en la tradición y no en el pacto político ciudadano. León tiene problemas serios, sin duda, al igual que otras regiones y provincias. La despoblación y los problemas económicos que padece Castilla y León no se arreglarán, sin embargo, con la creación de una nueva comunidad. Existen indicios de que los agravarían. Tengamos en cuenta que una nueva comunidad autónoma supone un gasto en estructuras políticas de gran envergadura. Un presidente, varios consejeros, directores generales, los procuradores de cada provincia, los edificios de la Presidencia, las Cortes, las consejerías, etcétera. Todo eso se llevaría una parte importante del presupuesto. Lo que sobrase después de pagar los gastos fijos se dedicaría a políticas de empleo, acciones contra la despoblación, etcétera.

La solución no radica ni en volver los ojos al pasado –que suele ser en estos casos una construcción para justificar nuestros intereses– ni en crear una nueva estructura burocrática. Ciertamente hubo un pasado en el que León y Castilla fueron entidades políticas separadas hasta el final de la dictadura franquista. Con la Constitución de 1978 se unieron en una sola entidad política, fruto del pacto político de los españoles. El resultado fue que desaparecieron algunas regiones que «por ser muy antiguas se llaman históricas», como enseñaba la Enciclopedia Álvarez.

La solución a la decadencia de León y de otras provincias castellanas y leonesas pasa por que los grupos parlamentarios expongan en las Cortes planes económicos y demográficos serios, concretos y realistas. El problema no radica en el mal diseño administrativo, sino en la falta de ambición política, de los políticos profesionales y de los ciudadanos. Cuando existe un problema, hay que mirar al futuro en vez de hacerlo al pasado para plantear soluciones y ponerlas en práctica. A eso se le llama progreso.