Editorial: Al borde del estado de alarma

El confinamiento voluntario de los ciudadanos de Barcelona y su área metropolitana, recomendado por el Gobierno de la Generalitat y por los ayuntamientos concernidos, puede ser una medida acorde al nivel alcanzado por la transmisión comunitaria del coronavirus. Pero ha de sostenerse sobre normas dictadas ... de restricción de la actividad social, supervisadas en su aplicación. Es de suponer que lo ocurrido no entraba dentro de las previsiones institucionales, y tampoco consta que se contemplase como escenario probable en los pronósticos epidemiológicos, cuando el 21 de junio se puso fin al estado de alarma. La voluntariedad del confinamiento emplaza a nada menos que cuatro millones de personas a salir de sus domicilios solo cuando sea imprescindible, y a no trasladarse a segundas residencias en pleno julio. Lo que se suma a las restricciones en Lleida, y al llamamiento realizado por las autoridades para que ni se salga ni se entre en Zaragoza si no es por absoluta necesidad. Aunque después de que el Gobierno central dejase en manos de los Ejecutivos autonómicos el tránsito definitivo a la nueva normalidad, resulta problemático que las administraciones públicas deriven hacia la responsabilidad ciudadana la contención de una cadena de brotes cuya detección y rastreo ha resultado deficiente a todas luces. Es de esperar que el retraimiento social voluntario contribuya decisivamente a frenar tan desbocada transmisión epidémica. Pero las instituciones no pueden limitarse a evaluar los efectos de su recomendación durante quince días. Si los datos epidemiológicos no mejoran durante el fin de semana, y las administraciones competentes tampoco se ven capaces de reforzar en horas sus redes de seguimiento de casos para su aislamiento, se hará imprescindible la habilitación territorial del estado de alarma en aplicación del artículo 7 de su Ley Orgánica para, en su caso, proceder al confinamiento obligado de la población afectada y a la prohibición consecuente de la movilidad en las áreas y en los sentidos que corresponda. Lo acontecido en Barcelona y su área metropolitana no ha desbordado únicamente lo que cabía imaginar cuando desde el Gobierno y los Ejecutivos autonómicos se advertía del riesgo de tener que volver hacia atrás. Ha puesto en entredicho la suficiencia del 'Plan de respuesta temprana' aprobado telemáticamente el mismo jueves por el Consejo Interterritorial de Sanidad.

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