De Vox a Bildu

Como es conocido, el decreto ley salió adelante por los pelos y gracias a una curiosa conjunción. Las inminentes elecciones catalanas imposibilitaron que el nacionalismo catalán, de izquierdas o de derechas, quisiera comprometerse con este asunto por si acaso perdía algunos electores en el gesto. El Partido Popular, como siempre, no vaciló en su negativa: Elvira Rodríguez justificó el voto en contra por «la discrecionalidad, falta de transparencia y concentración de las decisiones». Ciudadanos, en su desconcierto habitual, se puso esta vez del lado del PP, no fuera a ser que sus electores agravaran aún más el castigo que le preparan en Cataluña. Y en definitiva, la norma salió adelante porque Bildu la apoyó y Vox se abstuvo.

Oskar Matute, de EH Bildu, dijo no estar dispuesto a «obstaculizar» el proceso de reconstrucción y supeditó el «sí» de la coalición abertzale al «compromiso» de aumentar la financiación de los ayuntamientos y mejorar el control de la gestión de los fondos.

Las explicaciones de Vox han sido parcas pero concretas: no ha habido negociación alguna con un Ejecutivo al que consideran «ilegítimo y criminal»; sencillamente, Espinosa de los Monteros ha justificado la abstención de su formación en «lo importante y urgente» que es que lleguen los fondos a trabajadores y autónomos, «más allá del color político de cada gobierno».

Somos muchos en este país quienes hemos sostenido que la democracia parlamentaria se basa en la convicción de que el adversario puede tener razón; en que además del amplio territorio del debate entre las ideologías en presencia, debe existir un núcleo de cuestiones que forman parte del contrato social, de las reglas de juego, en que el consenso ha de ser intenso. En concreto, ciertos asuntos de Estado y la defensa del interés general requieren unanimidad, gobierne quien gobierne (y quienes no participen en ese consenso, estarán fuera del sistema, una posición también legítima pero de alcance limitado).

Todos somos conscientes de lo que hubiera ocurrido si este decreto ley no hubiera salido adelante (en Italia hay una grave crisis de gobierno por esta misma causa). En todo caso, hubiésemos hecho el ridículo ante Bruselas y muy probablemente se hubieran producido retrasos muy lesivos para todos. Sin embargo, el PP no ha tenido el sentido del Estado suficiente para entenderlo así y ha recurrido a la táctica del cuanto peor, mejor, como si la sociedad civil no viera que esta conducta es inhabilitante para quien aspira a gobernar desde la ira, la enemista y la puerilidad.

Vox ha dicho en lo que llevamos de legislatura cosas terribles que, en su enunciado, colisionan con la versión cabal de los derechos humanos que tenemos algunos, y además mantiene amistades y afinidades poco decentes en Europa. Pero dicho esto, hay que reconocer que ha demostrado tener en este asunto franco sentido del Estado: lo primero es el bienestar de la gente, gobierne quien gobierne. Si este criterio, que otorga momentánea respetabilidad a la formación de Abascal, se generalizase, probablemente la política sería más digerible en esta España de rencillas y pandereta.