Bateragune, dudas y certidumbres

Gracias a esta vigilancia, en octubre de 2009 se llevó a cabo la detención de un grupo de diez personas, encabezadas por Arnaldo Otegi, que pretendía supuestamente reconstruir la Mesa Nacional de Batasuna. Según el auto del llamado 'caso Bateragune', estos individuos, entre los que había militantes del sindicato LAB, estaban tratando de convencer a ETA de que declarara una tregua parcial para llegar a acuerdos con otros partidos, como Eusko Alkartasuna, y presentar una candidatura conjunta en las elecciones municipales y forales de 2011.

Ocho de los detenidos fueron encausados y el 27 de junio de 2011 se inició el juicio en la sección cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, presidida por Ángela Murillo. En septiembre de 2011, la Audiencia Nacional condenó a diez años de prisión y a diez años de inhabilitación para ocupar cargos públicos a Arnaldo Otegi y a Rafa Díez, acusados de pertenecer a ETA en grado de dirigentes, y a penas diversas a otras personas. Ningún recurso posterior prosperó y todos los condenados cumplieron sus penas.

Murillo había sido recusada por Otegui en un proceso anterior porque en la propia vista mostró ideas preconcebidas con respecto al encausado. Sin embargo, la recusación no prosperó en el juicio del 'caso Bateragune', y por esta razón el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo dio en noviembre de 2018 la razón a Otegui y los otros cuatro acusados condenados al considerar que tenían razones para dudar de la falta de imparcialidad del tribunal de la Audiencia Nacional que los juzgó. Ante esta circunstancia, el Tribunal Supremo no tuvo más remedio que declarar nulo el juicio. Y ahora, la Fiscalía ha instado la repetición de mismo, que la Audiencia Nacional ha aceptado.

ETA y sus acólitos han formado una organización criminal repugnante que, además de asesinar a casi un millar de personas, aterrorizar al pueblo vasco y amenazar a todo un país durante décadas, ha dificultado nuestro desarrollo democrático. Sus miembros merecen que todo el peso de la ley caiga sobre sus cabezas, pero estos juicios morales inapelables y la dureza de la ley frente al crimen no deben impedirnos ver la realidad.

Otegui y los demás condenados en el 'caso Bateragune' tuvieron un pasado siniestro, pero no es esto lo que en esta concreta ocasión se juzgaba. Y los hechos han acabado demostrando que su voluntad de conseguir que ETA dejara de matar y abandonara las armas, que es lo que siempre alegaron, era cierta. Muchos no creemos que Otegi se moviera por filantropía o por simple humanitarismo: el objetivo de la izquierda abertzale representada por Otegi era precisamente evitar la debacle final, que finalmente se ha producido: después de su último asesinato, ETA ha quedado reducida a ceniza, y ni siquiera la historia sesgada del nacionalismo disimulará sus absurdos excesos cuando España era ya una democracia consolidada y la organización etarra se había convertido en una banda de asesinos.

No era la piedad sino el cálculo político el que llevaba a Otegi a recomendar a sus conmilitones que abandonasen las armas. Pero no es cierto -y así debería reconocerse- que los movimientos de Otegi y sus seguidores en las fechas anteriores a 2008 estuvieran encaminados a reconstruir ETA y su brazo político. Entre otras razones, porque ETA ya estaba exhausta, a punto de la consunción. Por esta razón, el propio Garzón, hoy expulsado de la judicatura, no cree que sea buena idea repetir aquel juicio, que hoy es un anacronismo. Quizá el aparato judicial podría en este caso administrar justicia por otro camino.