La batalla de la luz

La 'cesión' de la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, acompañada por la buena evolución de la recuperación del empleo, alivia en parte las tensiones internas. La noticia se convierte en un verdadero contrapeso que rebaja la presión que sufre Unidas Podemos ante determinadas decisiones del gabinete, en donde la posición mayoritaria del ala socialdemócrata enfría sus expectativas de cambio.

La crisis de la luz demuestra que el último reajuste no ha sido suficiente para dotar al Ejecutivo de mayor nervio político, que era la pretensión inicial de Sánchez. Al irse Carmen Calvo, José Luis Ábalos y Pablo Iglesias, el presidente pierde algunos de los escuderos que le blindaban en el acoso de la oposición conservadora. Ahora queda el ministro Félix Bolaños como último cortafuegos pero se antoja insuficiente para dar la batalla por el relato. Y en vez de contribuir a afianzar una narrativa ideológica de confrontación con la derecha, los socialistas prefieren hurgar en las discrepancias con Unidas Podemos.

La sangre no va a llegar al río, porque a nadie le interesa que la legislatura fracase en este momento, el Gobierno se rompa y fuera necesario acudir a una nueva convocatoria electoral, pero plantea un problema de erosión que desgasta a los dos socios y a medio y largo plazo introduce una carga de gran inestabilidad que puede dar al traste con este experimento de Ejecutivo progresista. Con el viento a favor del PP en las encuestas, Sánchez tiene que blindarse en su discurso de la recuperación «con justicia social» en los próximos meses para ganar tiempo, permitir que se perciban los aires de la recuperación y envolverse en una bandera de optimismo frente al catastrofismo que emplean sus críticos, un día sí y otro también.

Las tensiones del Gobierno, sin embargo, han aumentado en los últimos días a causa del incremento de la factura de la energía a extremos que resultan escandalosos a ojos de la opinión pública en una materia de una especial sensibilidad. Aun siendo cierto que el tema no admite soluciones fáciles ni a corto plazo, que hay unas reglas de juego europeas que exigen un cambio normativo, el Gobierno se ve interpelado a tomar decisiones rápidas y urgentes. Dispone de un limitado margen de maniobra para ello pero o reacciona a tiempo o se va a ver seriamente dañado en su credibilidad. Medidas, sobre todo, que eviten dar la sensación de 'impotencia'.

No basta con criticar la falta de «empatía social» de las empresas eléctricas, como hizo la vicepresidenta Teresa Ribera. PSOE y Unidas Podemos se juegan la credibilidad de su alianza en este asunto, que puede ser determinante en las próximas elecciones. No serán los indultos catalanes la piedra de toque de la próxima campaña. Será la factura de la luz. La inquietud planteada entre los socialistas y los morados es bien elocuente a este respecto. La bajada del IVA, el recorte en 1.000 millones de las retribuciones de las eléctricas por los dividendos del CO2 y que se exonere del coste de las energías renovables al consumidor apuntan en la misma dirección. Tomar medidas urgentes antes de que sea demasiado tarde y el problema se descontrole.

En un escenario en el que, afortunadamente, el problema catalán deja de estar tan inflamado, el malestar social se traslada a otro campo y ni siquiera el maná de los fondos europeos puede resultar suficientemente amortiguador. Así lo ha entendido el PP, que sigue apretando con su tremendista táctica de acoso y derribo sin ninguna visión de Estado. Ya sea con la luz, con la evacuación de Afganistán o con la renovación del Consejo General del Poder Judicial.

La 'tormenta perfecta' obliga al Gobierno de coalición a tomar medidas urgentes. La sensación de abuso de poder es un catalizador muy poderoso que no se debe minusvalorar nunca.