El Gobierno ha resuelto que el precio máximo de los test de antígenos sea de 2,94 euros a partir de mañana después de que los españoles se gastasen más de 100 millones en su adquisición durante las recientes navidades. Es un clamor que la ... decisión llega tarde cuando, en el mejor de los casos, su aplicación coincidirá con el pico de la sexta ola. Pero hubiera sido aún más imperdonable que no se adoptara. La alta demanda de diciembre, con más de veinte millones de pruebas vendidas y falta de existencias durante días en las farmacias, respondió al deseo nada reprochable de disfrutar de un reencuentro seguro de familiares y amigos. Una situación perfectamente previsible desde que en noviembre afloró la variante ómicron y se confirmó su potencial infectivo.
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La ministra de Sanidad manifestó ayer que la prioridad del Ejecutivo había sido garantizar el suministro del producto. Carolina Darias sugirió así que, de haber intervenido antes sobre su precio, la oferta habría optado por otros mercados más lucrativos. No hay forma de verificarlo. Aun teniendo en cuenta esta vertiente del problema, el Gobierno tampoco dio pasos para una gestión unitaria por parte de la UE de un instrumental tan básico para afrontar la pandemia cuando la capacidad diagnóstica del sistema público de salud se había desbordado.
El ministerio y las comunidades autónomas acordaron ayer administrar una tercera vacuna a los mayores de 18 años ya inmunizados con la pauta completa, al tiempo que rebajaban el intervalo de las dosis de refuerzo de seis a cinco meses y anunciaban un cuarto pinchazo a pacientes con inmunodeficiencia. De esa forma, los responsables políticos adoptaban de nuevo decisiones sin remitirse expresamente a dictamen científico alguno. La vacunación no es una estrategia política, sino de salud pública, y conviene que las instituciones lo tengan en cuenta. De ahí que resulte también necesario explicar con argumentos de ciencia la extensión y la prolongación de las inyecciones. Entre otras razones, porque la efectividad social de la llamada a vacunarse declina a medida que se suman las dosis, y la OMS y la EMA acaban de advertir que no se pueden poner de refuerzo «indefinidamente». La política, gubernamental u opositora, se ha adueñado de la gestión de la salud pública frente a las críticas por inacción, lo que añade inseguridad a la incertidumbre que genera ómicron hasta en su voluntarista versión gripal.
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