El barullo de la reforma laboral

No hay pruebas fehacientes de que aquella reforma tuviera efectos positivos, ya que los puestos de trabajo que se generaron espontáneamente al remontar la crisis fueron de pésima calidad, rebajaron el nivel de las clases medias y generaron una desigualdad social que todavía no ha remitido completamente (el porcentaje de ciudadanos en riesgo de pobreza sigue por encima del 20%, y pervive el fenómeno de la pobreza laboral). Tampoco se redujo ni la temporalidad ni el trabajo a tiempo parcial, desequilibrios que han preocupado siempre a Bruselas.

Así las cosas, no es extraño que la izquierda se fijara como objetivo preferente la derogación de aquella especie de 'reforma de excepción', que privaba a los trabajadores de herramientas para la negociación colectiva -es evidente que si prevalece el convenio de empresa sobre el de sector, este último es papel mojado, que además desaparece cuando finiquita su plazo de vigencia- y, al liberalizar hasta el extremo dicho mercado, en el que se registraba un desempleo espectacular, caían los salarios hasta más allá de lo tolerable.

Y a consecuencia de este ambiente de oposición de los progresistas a tal reforma, dictada por una mayoría absoluta conservadora fuera del consenso social, es lógico que el pacto de coalición de diciembre de 2019 entre Unidas Podemos y el PSOE registrara literalmente en su apartado 1.3 lo siguiente: Derogaremos la reforma laboral. Recuperaremos los derechos laborales arrebatados por la reforma laboral de 2012. Impulsaremos en el marco del diálogo social la protección de las personas trabajadoras y recuperaremos el papel de los convenios colectivos. En concreto y con carácter urgente:

-Derogaremos la posibilidad de despido por absentismo causado por bajas por enfermedad.

-Derogaremos las limitaciones al ámbito temporal del convenio colectivo, haciéndolo llegar más allá de las previsiones contenidas en el mismo, tras la finalización de su vigencia y hasta la negociación de uno nuevo.

-Derogaremos la prioridad aplicativa de los convenios de empresa sobre los convenios sectoriales.

Asimismo,

-Modificaremos el art. 42.1 del Estatuto de los Trabajadores sobre contratación y subcontratación laboral a efectos de limitar la subcontratación a servicios especializados ajenos a la actividad principal de la empresa.

-Limitaremos la capacidad de modificación unilateral de las condiciones del contrato por parte de la empresa.

-Revisaremos el mecanismo de inaplicación de los convenios colectivos, orientándolo a descuelgue salarial vinculado a causas económicas graves«.

En definitiva, lo pactado se resume en cuatro grandes puntos: prevalencia del convenio de empresa sobre el de sector (aunque se contempla que el descuelgue pueda tener lugar si las condiciones económicas lo justifican); retorno de la ultraactividad; medidas contra la temporalidad; medidas contra el exceso de trabajo a tiempo parcial.

Se ha argumentado, probablemente con razón, que Bruselas prefiere una reforma de la normativa laboral que tenga el respaldo de los agentes sociales, pero eso no siempre es posible cuando se parte de una posición muy favorable de una de las partes (los empresarios en este caso). Por ello, PSOE y UP han de intentar hasta la extenuación el mayor consenso social posible, sin descartar que ciertos aspectos de la norma futura no lo alcancen. Y finalmente, el Gobierno, que ha de hablar con una sola voz, tiene la obligación de conjugar los pactos suscritos con los deseos de Bruselas mediante una negociación razonable que Calviño, por razones obvias, ha de ser la encargada de mantener.